La Unión Europea ha iniciado acciones legales contra los 27 Estados miembros por no cumplir con los objetivos de recogida y reciclaje de residuos establecidos en la legislación de la UE. Estos objetivos son de obligado cumplimiento en lo que respecta al tratamiento de desechos municipales.

En particular, España y otros 17 países no alcanzaron la meta del 50% para 2020 en la preparación para la reutilización y reciclado de residuos como papel, metal, plástico y vidrio.

La mayoría de los Estados miembros tampoco cumplieron con la recogida adecuada de residuos de aparatos eléctricos, incumpliendo así el objetivo de la UE que establece un índice mínimo de recogida anual del 65% del peso medio de los aparatos eléctricos puestos en el mercado en los tres años anteriores, o del 85% de los residuos generados en el territorio.

Por ello, la Comisión Europea ha instado a los 27 países a intensificar sus esfuerzos para cumplir con estas directivas de recogida y reciclaje. Se les ha sugerido que sigan las recomendaciones específicas para cada país mencionadas en el Informe de alerta rápida sobre residuos 2023.

Ante estas carencias, la Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a cada Estado miembro, dándoles dos meses para corregir las deficiencias identificadas. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá dar un ultimátum de dos meses para su implementación antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).