En Madrid, el 23 de julio, se han confirmado importantes avances en la adjudicación de un contrato de trenes en Bélgica. La sociedad nacional de ferrocarriles belga (SNCB) ha designado a CAF, un destacado fabricante ferroviario vasco, como su opción preferida para un acuerdo que podría alcanzar los 1.695 millones de euros. Sin embargo, SNCB ha solicitado a la empresa que certifique el respeto a los derechos humanos en sus operaciones antes de proceder con la firma final del contrato.

El comunicado oficial de SNCB, que opera de manera similar al Adif en España, subraya la necesidad de que CAF no solo respete los derechos humanos, sino que también se comprometa a la utilización de proveedores locales en la fabricación de los trenes. Este requerimiento se enmarca en un contexto más amplio de críticas y presiones políticas.

La inquietud respecto a los derechos humanos surge fundamentalmente de la participación de CAF en un proyecto de tranvía en Israel que se desarrolla en el área de Jerusalén, considerada ilegal por la ONU y denunciada por diversas organizaciones, incluidas Amnistía Internacional. Esta situación ha llevado a un considerable malestar entre los sindicatos y partidos políticos belgas.

Adicionalmente, la solicitud de proveedores locales refleja una competencia intensa en el sector ferroviario belga, donde Alstom, un competidor francés, aboga por el contrato basando su argumentación en la existencia de cuatro centros de producción en Bélgica, los cuales generan empleo para aproximadamente 1.900 personas, según datos de la empresa.

Esta controversia se intensificó cuando el Consejo de Estado de Bélgica revocó la decisión de la SNCB tomada en febrero, que favorecía a CAF, demandando al gestor de la infraestructura que ofreciera justificaciones más elaboradas sobre su elección. Este contrato se refiere a un marco administrativo para la entrega de trenes de cercanías, con la ambición de cubrir hasta 170.000 plazas y un compromiso financiero inicial de 1.695 millones de euros por 54.000 plazas.