En un contexto de creciente inseguridad en Centroamérica, el enfoque de mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele se está convirtiendo en un modelo a seguir en la región. Recientemente, Costa Rica ha dado un paso significativo al iniciar la construcción del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO). Este nuevo complejo carcelario recuerda al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, que ha sido objeto de críticas por su forma de lidiar con criminales y maras, y por la polémica colaboración con Estados Unidos en el envío de pandilleros.

Durante la simbólica colocación de la primera piedra del CACCO, el presidente Bukele estuvo acompañado por su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves. Este centro, con una superficie de más de 31.000 metros cuadrados en Alajuela, tiene la capacidad de albergar a 5.100 internos, incluyendo líderes del crimen organizado y reos con procesos de extradición pendientes. La creación del CACCO ha requerido una inversión de aproximadamente 21.000 millones de colones por parte del gobierno costarricense.

La llegada de Bukele ha desatado controversia en Costa Rica, especialmente en medio de las elecciones generales programadas para el 1 de febrero. El Tribunal Supremo de Elecciones desestimó intentos de prohibir su ingreso, recordando que las naciones no deben interferir en los asuntos internos de otras. Sin embargo, la injerencia del mandatario salvadoreño se ha percibido con recelo por parte de algunos sectores de la oposición.

El modelo del CECOT en El Salvador, que ha sido diseñado específicamente para albergar a miles de pandilleros como los de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 bajo un estado de excepción, se presenta como una respuesta radical a la violencia en la región. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las condiciones en tales instalaciones son inhumanas, llenas de hacinamiento y falta de recursos básicos, lo que añade más críticas a este tipo de instalaciones carcelarias.

El interés por el modelo salvadoreño se extiende a otros países. Ecuador, bajo la gestión de Daniel Noboa, ha trasladado a varios presos peligrosos a la cárcel de Santa Elena. En Perú, el gobierno de José Jerí ha creado un pabellón de máxima seguridad para criminales organizados, y Honduras también sigue el mismo camino con la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia, capaz de albergar a 20.000 internos.

Mientras tanto, Guatemala se enfrenta a desafíos internos tras declarar el estado de sitio debido a disturbios en sus cárceles, aunque algunos críticos cuestionan la eficacia de la mano dura sin abordar temas como la exclusión social. La postura de Bukele y su enfoque de encarcelamiento se han visto reforzados por el endurecimiento de la política migratoria estadounidense bajo Donald Trump, quien ha promovido una fuerte acción contra la inmigración irregular.

El movimiento del gobierno costarricense hacia políticas de mano dura ha provocado críticas desde la oposición, donde algunos candidatos abogan por reformar el enfoque de seguridad. Ajeno a estas inquietudes, Chaves ha respondido a la oposición exigiendo medidas más drásticas en respuesta al aumento de asesinatos en el país, que se han incrementado notablemente desde 2020.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, ha indicado preocupaciones sobre la alta incidencia de homicidios, especialmente entre jóvenes, y ha llamado a invertir no solo en fuerza policial, sino también en la educación y el desarrollo humano para abordar la inseguridad. Comentarios críticos también han surgido dentro del propio gobierno, sugiriendo que el CACCO no resolverá los problemas de hacinamiento en las cárceles existentes, que actualmente operan con una cantidad de internos significativamente superior a su capacidad.

A más de un año de la inauguración del CACCO, un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura destacó que el sistema carcelario costarricense ya estaba en crisis, sobrepasado por la cantidad de reclusos y con instalaciones que no cumplen con los estándares necesarios. Por otro lado, la Contraloría General ha señalado que el financiamiento del nuevo centro proviene de recortes en otros sectores vitales, como seguridad y programas sociales, lo que ha generado un fuerte debate sobre las prioridades del gobierno.

Por último, Chaves ha defendido la viabilidad del CACCO al afirmar que gracias a la colaboración con El Salvador, se ha logrado un importante ahorro en costos al aprovechar los diseños del CECOT. Sin embargo, el debate continúa sobre si este enfoque de mano dura es realmente la solución duradera a los problemas de seguridad que enfrenta la región.