En Madrid, el 27 de enero, varias organizaciones de carácter religioso y social han manifestado su respaldo a la reciente decisión del Gobierno de llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes, a través de un real decreto.

Entre las entidades que han dado su apoyo se encuentran la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Estas organizaciones consideran que la regularización es un reconocimiento justo hacia aquellos migrantes que, a pesar de su situación irregular, ya aportan significativamente al desarrollo del país mediante su trabajo.

Las organizaciones religiosas han destacado que esta decisión responde a una demanda amplia de sectores de la sociedad que abogan por una política migratoria responsable y ética. Resaltaron la importancia de avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde los migrantes no sean ignorados ni excluidos.

Asimismo, sostienen que esta medida es un complemento esencial al actual Reglamento de Extranjería, brindando una salida a aquellos que no pueden optar por las vías convencionales para regularizar su situación.

Aunque el reglamento vigente, RD 1155/2024, ha implicado progresos en ciertos aspectos, las entidades de la Iglesia han enfatizado la necesidad de ajustar y reformar la normativa, que todavía presenta diversas lagunas. Han reiterado su petición para que se incluya una disposición transitoria que facilite la regularización extraordinaria, como ha ocurrido en ocasiones previas.

Las organizaciones han advertido que la actual regulación deja fuera a numerosos grupos vulnerables. Esto incluye a quienes no pueden certificar su permanencia durante dos años, a menudo debido a la pérdida de documentación en situaciones críticas, así como a personas sin documentación, que enfrentan trámites excesivamente complicados, o a aquellos con empleabilidad limitada por edad, discapacidad, falta de vivienda o enfermedades crónicas.

También han subrayado la complicada situación de varios trabajadores que, aunque están capacitados para laborar, no pueden presentar un contrato formal debido a la ineficiencia administrativa, así como las familias con niños en situación irregular que, a pesar de cumplir los requisitos, enfrentan obstáculos para su regularización.

De acuerdo con el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, en 2024, alrededor del 47% de las personas apoyadas por esta institución no contaba con su situación regularizada, lo que se traduce en aproximadamente 550.000 individuos en esta condición en España.