La Fiscalía insiste en revocar el tercer grado a Olarra Guridi por daños no reparados

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado nuevamente la revocación del tercer grado penitenciario para Juan Antonio Olarra Guridi, exjefe de ETA condenado por múltiples delitos graves, incluyendo atentados con víctimas y daños materiales. La petición se basa en la insuficiente reparación del daño causado y en la gravedad de sus delitos.

Olarra Guridi fue condenado a más de 1.000 años de prisión por el atentado con coche bomba en Madrid en 2001, que dejó 95 heridos, y también por el asesinato del funcionario de prisiones en 1993. A pesar de ello, el Gobierno Vasco le concedió en primera instancia un régimen de semilibertad, medida que fue posteriormente revocada por la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público argumenta que la escasa reparación económica y la poca evolución en su proceso de reinserción justifican la negativa a ampliar su régimen penitenciario. La ley contempla que el proceso de progresión requiere un análisis detenido y prolongado en el tiempo para garantizar la reintegración social.

Este debate refleja también la tensión política en torno a la gestión penitenciaria de exmiembros de ETA. La política penitenciaria en España ha sido objeto de confrontación entre diferentes administraciones y partidos políticos, que debaten sobre la conveniencia de otorgar beneficios a condenados por delitos de terrorismo.

El contexto político actual se caracteriza por una cierta tensión entre las políticas de memoria y reparación a las víctimas y las decisiones del Ejecutivo Vasco, que busca aplicar una visión más integradora y de reinserción. La decisión de la Fiscalía muestra la resistencia a facilitar beneficios que puedan interpretarse como una reducción de la gravedad de los delitos.

De cara al futuro, la evolución de este caso puede marcar un precedente en la política penitenciaria respecto a los condenados por terrorismo y su tratamiento en el sistema judicial y político. La discusión en torno a la reparación y la reintegración sigue siendo un tema central en la definición de la política antiterrorista en España.