En Madrid, el 5 de diciembre, la Fiscalía ha respaldado la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar como acusación particular en el caso relacionado con la lona expuesta por la organización Hazte Oír. Este cartel, en el que se le tacha de "corrupto", fue colocado frente al Congreso de los Diputados el 19 de mayo.

Este soporte legal se ha hecho evidente en un documento que ha llegado a manos de Europa Press, donde el Ministerio Público rechaza el recurso presentado por Hazte Oír. Cabe recordar que en julio, el Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid aceptó que Sánchez se personara como parte interesada en el juicio.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha declarado que es "evidente" que Sánchez tiene "legitimación en la presente causa como acusación particular, al considerarse víctima directa de los hechos".

En otra información proporcionada por la Fiscalía, se sugiere que las acciones de Hazte Oír podrían encuadrarse en un delito contra la integridad moral según el Código Penal, así como en un posible delito de coacción o acoso.

El documento judicial señala que el objetivo de la lona era "humillar y deshonrar" al presidente, lo que lesionaría su dignidad y, por ende, su integridad personal.

La magistrada María Dolores Baeza, a cargo del caso, reveló que el proceso se inició en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid tras recibir una denuncia del PSOE por supuestos delitos de injuria y calumnia con publicidad en contra de Sánchez.

El cartel incluía una imagen del presidente junto a la palabra "corrupto" en letras grandes, además de referencias a diversos casos judiciales relacionados con su figura. Este material fue retirado pocas horas después por orden del juzgado, que atendió a la medida cautelar solicitada por los socialistas.

Según el juez que dictó la orden de retirada, la expresión "corrupto" y la forma en que se exhibió, combinado con la creación de un sitio web llamado "elcapo.org", forman un ataque claro contra la reputación de Sánchez, lo que podría ser visto como un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión.

El magistrado argumentó también que la ubicación del cartel frente al Congreso intensificaba el impacto del mensaje, dado que es el lugar donde el presidente desempeña sus funciones y es objeto de vigilancia por parte de sus colegas.

Por otro lado, Sánchez ha decidido ampliar su denuncia inicial contra Hazte Oír, señalando que la organización ha continuado su campaña de desprestigio a través de diversos canales en los últimos meses, lo que ha incrementado su notoriedad.

El presidente subraya que, a pesar de haber retirado su anterior lona debido a la resolución judicial, Hazte Oír ha persistido en la colocación de distintos tipos de soportes publicitarios con mensajes similares, incluso utilizando globos y motos acuáticas, así como fomentando la difusión a través de redes sociales y una página web propia.

En su escrito, el presidente solicita a la jueza que adopte "las medidas necesarias" para que cesen las acciones de Hazte Oír que podrían constituir un delito continuado de injurias graves con publicidad.

Además, pide que se encargue a la Policía la identificación de las personas implicadas en la distribución de estos elementos difamatorios, así como de quienes están detrás de la actividad en línea que difunde la polémica campaña.