MADRID, 7 de noviembre. En un nuevo episodio del conocido como 'caso Dina', la Audiencia Nacional ha marcado para marzo de 2026 la fecha en que se llevará a cabo el juicio oral contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y dos periodistas implicados. Este caso gira en torno a la odisea de la tarjeta telefónica perteneciente a la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, desde el robode su móvil en 2015 hasta la eventual difusión de su contenido en diferentes medios de comunicación.

Según un decreto que ha sido difundido por Europa Press, las sesiones del juicio están programadas del 16 al 19 de marzo del mencionado año. El tribunal, no obstante, ha decidido postergar la elección del lugar en el que se celebrará la vista oral, la cual tendrá lugar en una de las sedes de la Audiencia Nacional.

El asunto es más que relevante, dado que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 5 años de prisión para Villarejo y 3 años para cada uno de los periodistas involucrados. Los tres son acusados de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, habiendo además una petición de indemnización solidaria y a partes iguales de 5.000 euros a la exasesora de Podemos, así como 1.000 euros a Pablo Iglesias, quien también está en el centro de esta controversia.

En el auto que da luz verde a la apertura del juicio oral, el juez Manuel García Castellón, quien anteriormente estuvo al mando del Juzgado Central de Instrucción Número 6, expone de manera detallada los hechos que llevaron a este proceso. Este relato incluye el robo en una tienda Ikea de Alcorcón de los efectos personales de Bousselham y su pareja, ocurrido el 1 de noviembre de 2015, y culmina con la publicación de contenido del móvil en medios de comunicación a lo largo de 2016.

El 19 de enero de 2016, según indica la Fiscalía, una persona anónima hizo entrega en la sede del Grupo Zeta de un sobre que contenía la tarjeta micro SD conectada al teléfono sustraído. Esta tarjeta fue inspeccionada no solo por los periodistas aludidos, sino también por un alto directivo del grupo y su presidente, Antonio Asensio.

Posteriormente, Asensio decidió no publicar la información y se puso en contacto con Pablo Iglesias, creyendo que la tarjeta podría pertenecerle. A raíz de esta entrega a Iglesias, y tras revisar el contenido en las instalaciones de la editorial, los fiscales aseguran que Villarejo, con quien los periodistas ya mantenían contacto habitual, recibió una copia de la tarjeta micro SD, plenamente consciente de su condición como funcionario activo de la Policía Nacional.

La Fiscalía resalta que los periodistas involucrados eran plenamente conscientes de que la tarjeta que entregaron a Villarejo contenía archivos sensibles, incluyendo documentos internos de Podemos, datos bancarios y material íntimo, que abarca fotografías de la exasesora en situaciones comprometidas. Además, tenían conocimiento de la existencia de grupos de Telegram que involucraban a miembros destacados del partido.

En su escrito, se señala que Villarejo, usurpando sus funciones vinculadas a la inteligencia policial, hizo copias de los contenidos y las proporcionó a periodistas de su confianza para que publicaran informaciones que perjudicaban la reputación de Podemos y de Iglesias.

Finalmente, los fiscales presentan una serie de artículos de al menos dos medios digitales como evidencia de que el contenido sustraído del móvil de Dina Bousselham fue efectivamente divulgado en 2016, dejando así claro el impacto de este escándalo en la esfera pública y política española.