MADRID, 20 de enero. En un giro significativo dentro del caso que involucra al comisario José Manuel Villarejo, la Audiencia Nacional ha decidido excluir del juicio a Repsol, La Caixa y la Administración del Estado. Esta resolución se tomó tras la renuncia de las acusaciones particulares y de la Fiscalía a perseguir en este momento a estas entidades como responsables civiles subsidiarias.

La presidenta de la Sección Cuarta de la Audiencia, Teresa Palacios, hizo el anuncio, aclarando que, debido a la decisión de los supuestos perjudicados en esta pieza 21 del ‘caso Tándem’, los representantes legales de las entidades mencionadas podían retirarse de la sala. Este cambio de rumbo en el proceso judicial refleja una notable variación en la estrategia de las acusaciones.

Es relevante mencionar que la Fiscalía Anticorrupción había reclamado anteriormente una pena de 40 años y medio de prisión para Villarejo, relacionado con las actividades que llevó a cabo para Repsol y La Caixa, las cuales buscaban proteger sus intereses ante las maniobras de Sacyr para adquirir una participación considerable en la petrolera en 2011.

Además, los abogados que representan al empresario Luis del Rivero han solicitado que tanto el presidente de Repsol, Antonio Brufau, como el presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, sean llamados a declarar como testigos en el juicio. Cabe destacar que ambos ya habían testificado como investigados en la fase de instrucción, donde se planteó que ambos habían ordenado la recolección de información sobre las estrategias de la constructora a sus respectivos responsables de Seguridad.

En la acusación formal presentada por el Ministerio Fiscal, se pide una pena de 32 años y medio para Rafael Redondo, socio de Villarejo, y penas que oscilan entre 21 y 28 años para otros encausados vinculados al caso. Estos incluyen a Rafael Girona, subdirector de Servicios de Apoyo de la Seguridad Corporativa de Repsol, y Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex responsable de Seguridad de Caixabank, entre otros.

Originalmente, la Fiscalía había señalado que tanto Repsol, Caixabank como la Administración del Estado debían ser considerados responsables civiles subsidiarios, pero esta postura ha cambiado y la Fiscalía ha solicitado la eliminación de dicha responsabilidad en su escrito reciente.

Los encausados enfrentan una variedad de acusaciones que incluyen cohecho pasivo y activo, descubrimiento y revelación de secretos de particulares, así como falsedad en documento mercantil. Estos delitos resaltan la seriedad de las imputaciones y el impacto en la reputación de las entidades involucradas.

La Fiscalía ha recordado que en agosto de 2011, Sacyr Vallehermoso, bajo la presidencia de Luis del Rivero, llegó a un acuerdo con la mexicana PEMEX, lo que les permitió ejercer su derecho a voto en conjunto sobre la petrolera, con el fin de aproximarse al control de casi un tercio de la empresa.

Para contrarrestar esta maniobra, los directivos de Repsol tomaron diversas medidas, entre ellas la obtención de información sobre dicho acuerdo, delegando esta tarea a su dirección de Seguridad Corporativa. En este contexto, Rafael Araujo y Rafael Girona jugaron un papel crucial.

Anticorrupción señala que estos directivos contactaron a Villarejo en octubre de 2011, siendo consciente de su estatus como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, con el objetivo de llevar a cabo una investigación centrada en Luis del Rivero y su relación con el pacto alcanzado con PEMEX.

Esta investigación inicial se extendió y, conforme avanzaba, también se sumó Caixabank a la misma, participando a través de su director de Seguridad Miguel Ángel Fernández Rancaño. De este modo, lo que Villarejo denominó ‘proyecto Wine’ se ejecutó a través de un complejo entramado societario bajo el nombre de Grupo CENYT, donde Rafael Redondo también desempeñó un papel esencial en la asesoría legal de la empresa.