La Audiencia Nacional ha tomado la decisión de archivar la causa que involucraba a Alcoa Inespal y a cuatro representantes de la misma, tras concluir una extensa investigación sobre presuntas irregularidades en la venta de las plantas de aluminio ubicadas en A Coruña y Avilés. Este ambicioso caso envuelve serias acusaciones de desvío de activos y la posible descapitalización de estas instalaciones industriales.

La jueza María Tardón, responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 3, ha propuesto llevar a juicio a ocho individuos por delitos relacionados que incluyen apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, entre otros. Este anuncio pone fin a varias semanas de escrutinio profundo sobre el proceso de privatización de las plantas de Alcoa y las maniobras que supuestamente habrían llevado a cabo para transformar su patrimonio en beneficio personal.

La magistrada ha dictado un auto que concluye con el sobreseimiento libre de la causa para la persona jurídica Alcoa Inespal y cuatro individuos, mientras que se ha decidido el sobreseimiento provisional para otros tres. Es importante destacar que la investigación seguirá adelante en contra de varios nombres prominentes, incluidos Víctor Rubén Doménech y Joachim Magim, quienes probablemente enfrentarán cargos serios en relación con estas conductas ilícitas.

La raíz de esta situación se encuentra en una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales, que cuestionó el proceso de enajenación de las plantas de producción de aluminio, en un contexto marcado por la delicada situación económica que enfrentaban. Esta transición de propiedad se realizó en dos etapas, comenzando con la transferencia del 100% de las plantas el 31 de julio de 2019, cuando Alcoa vendió las instalaciones por un precio simbólico de solo 1 euro a empresas creadas escasamente antes de la operación.

La segunda fase de esta venta, el 8 de abril de 2020, involucró una transacción irregular por la que Blue Motion Technologies, que había adquirido las plantas previamente, decidió venderlas nuevamente por 13 millones de euros. Esta operación desató alarmas, especialmente porque estas empresas habían sido constituidas poco antes y se vinculan a uno de los investigados. La jueza Tardón subraya que los fondos utilizados para esta operación fueron deducidos de la tesorería de Alu Ibérica, lo que deja entrever un esquema elaborado para perjudicar a las entidades y sus activos.

El relato se complica aún más con la revelación de que antes de la segunda venta, se realizaron transferencias cercanas al millón de euros desde Alu Ibérica a cuentas bancarias en Suiza controladas por los implicados. Según la jueza, esta segunda venta fue solo el inicio de una serie de maniobras dirigidas a descapitalizar las empresas y desviar activos hacia los interesados directos, lo que ha impactado negativamente en los trabajadores y acreedores de Alcoa.

Ejemplos de estas prácticas ilegales incluyen la creación de sociedades ficticias para inflar precios, préstamos simulados y la designación de sueldos excesivos a algunos de los implicados. Esta red de actividades fraudulentas se prolongó hasta que en julio de 2021 se nombró un administrador judicial que llevó a que se solicitara el concurso de acreedores a finales de ese año.

La jueza Tardón cierra el relato al destacar que los investigados transformaron las ganancias obtenidas en inversiones en criptomonedas, buscando luego convertirlas a moneda de curso legal, lo que añade otro nivel de complejidad a las acusaciones. También se menciona que ofrecieron incentivos a terceros para convertir dinero de origen dudoso en criptoactivos y, posteriormente, en efectivo.

Con el auto de pase a procedimiento abreviado dictado, la magistrada ha señalado que la Fiscalía y las demás partes involucradas deberán presentar sus escritos de acusación o, en caso de ser necesario, solicitar diligencias complementarias antes de la apertura del juicio oral que se avecina.