La reciente decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha puesto en evidencia las carencias argumentativas de algunos de los investigados en el llamado ‘caso Gaslow’. En este contexto, se ha rechazado la solicitud de nulidad presentada por dos de ellos, quienes no lograron aportar pruebas concretas para sustentar sus afirmaciones sobre supuestas irregularidades en el procedimiento.

Según el fallo emitido el pasado lunes y reproducido por Europa Press, la Sección Tercera se alinea con la postura del juez Santiago Pedraz, manteniendo que la investigación sobre el presunto fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos prosigue sin indicios de ilegalidades o manipulaciones por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los investigados, Juan Sánchez Yepes y Javier García Pérez, habían alegado que el juez había cometido un error al vincular el caso Gaslow con otro procedimiento en curso en el Juzgado Central de Instrucción Número 6, que está bajo la dirección de su colega Antonio Piña. Esta afirmación se refleja también en los argumentos de la defensa de Yepes.

García Pérez sustentó su defensa en la supuesta relación entre los informes de la UCO que dieron pie a las diligencias del caso y argumentó que ambos documentos, elaborados por el mismo capitán de la Guardia Civil, compartían un objetivo común: indagar sobre una supuesta organización criminal implicada en el fraude de hidrocarburos, que podría haber estado cometiendo también delito de blanqueo de capitales.

Asimismo, su defensa alegó que el proceso seguido en el Juzgado Central de Instrucción 6 era irregular y cuestionó la legitimidad de la querella criminal que fundamentó la investigación actual, señalando que se basaba en un informe de la Agencia Tributaria que carecía de un expediente administrativo previo y que se presentó de forma casi inmediata tras el informe de la UCO.

Por su parte, Yepes solicitó la nulidad del proceso argumentando que tanto la UCO como el Ministerio Fiscal habrían manejado el caso de manera caprichosa, lo que afectó a la validez de las diligencias en curso. Aseguró que la clasificación de la información por parte de la UCO era arbitraria y dependía de su interpretación personal.

El juez Pedraz respondió señalando que si la defensa consideraba que los procedimientos debían consolidarse en uno solo, debería buscar la vía procesal correcta en lugar de pedir la nulidad. Este punto de vista ha sido respaldado por la Sala de lo Penal, que enfatiza la necesidad de aportar datos concretos en lugar de meras afirmaciones si se pretende demostrar la existencia de una doble investigación.

Finalmente, la Audiencia Nacional dejó claro que no se puede solicitar la nulidad del procedimiento de manera inasumible, especialmente cuando hay numerosos investigados y antecedentes de múltiples investigaciones que no se verían afectadas por dicha nulidad. En resumen, se reafirma el rigor en el proceso legal y la necesidad de argumentaciones sólidas en lugar de especulaciones infundadas.