La AN evaluará la denuncia de una abogada por discriminación y falta de pago contra el Ministerio de Igualdad.

En Madrid, el 25 de marzo, ha surgido una controversia significativa en el ámbito jurídico que involucra al Ministerio de Igualdad, bajo la dirección anterior de Irene Montero. La jurista Adilia de las Mercedes, especializada en derechos de las mujeres, ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional, alegando discriminación y la falta de pago por los servicios prestados durante su contratación en 2021.

El caso, que fue revelado por 'El País', ha sido admitido a trámite por el tribunal y se encuentra a la espera de la respuesta de la Administración. Fuentes cercanas al asunto han confirmado que el procedimiento está en marcha, reflejando la seriedad de las alegaciones planteadas por de las Mercedes.

Esta profesional, con raíces hispano-guatemaltecas, fue convocada para redactar un borrador sobre la reforma de la legislación en salud sexual y reproductiva. Según su relato, el trabajo inicial que aceptó se transformó en la elaboración completa de un anteproyecto de ley, sin que se formalizara su contratación ni se le ofreciera una remuneración adecuada por su esfuerzo y dedicación.

La demanda indica que el encargo se realizó en un contexto de alta demanda política, lo que llevó a que de las Mercedes aceptara una compensación provisional, confiando en que la situación se regularizaría posteriormente con el correspondiente presupuesto. Sin embargo, después de entregar el borrador en enero de 2022, afirma que no recibió pago alguno ni reconocimiento por su labor, a pesar de múltiples intentos de comunicación con la Administración.

La denuncia va más allá del impago, ya que también alega discriminación por su origen y creencias. La demanda sugiere que su contribución fue minimizada y que se intentó ocultar su participación en la creación de la ley, limitando su capacidad de presentar su trabajo al público.

En sus declaraciones a Europa Press, Adilia de las Mercedes criticó duramente al Ministerio de Igualdad, asegurando que su labor fue utilizada sin el debido crédito. Sostuvo que fue seleccionada por su experiencia, solo para que su trabajo fuese asimilado como parte de una narrativa pública que no consideraba su autoría: "Es un reflejo de cómo el conocimiento es a menudo apropiado y utilizado sin reconocimiento, un eco de prácticas coloniales antiguas".

De las Mercedes enfatizó que su decisión de llevar el asunto a los tribunales se debió a la falta de respuesta por parte del Ministerio, que no mostró interés en investigar las presuntas discriminaciones que había enfrentado de manera sistemática.

Por su parte, representantes del Ministerio de Igualdad han respondido a las acusaciones, descalificándolas como infundadas, y negando cualquier conducta racista o xenófoba. Aseguran no tener información sobre el procedimiento judicial, pero aseguran que las acciones emprendidas fueron dentro del marco legal correspondiente.

Las autoridades del Ministerio se defienden reiterando que la contratación se realizó siguiendo todos los procedimientos legales requeridos y que las afirmaciones de la demandante han sido desmentidas por el Consejo de Estado en un dictamen de 2024 que rechazó sus reclamaciones.

Respecto a la elaboración de la normativa relacionada con la salud sexual y reproductiva, las fuentes oficiales subrayan que se llevó a cabo un extenso proceso participativo que involucró a expertos y varias organizaciones feministas, lo que justifica la diversidad de enfoques y experiencias incorporadas al proyecto.

No obstante, se ha señalado que el Ministerio está considerando emprender acciones legales propias en respuesta a lo que consideran acusaciones serias y declaraciones incorrectas que podrían vulnerar la privacidad de la información personal. La actual titular del Ministerio, Ana Redondo, ha asegurado que están dispuestos a colaborar plenamente con la justicia y han proporcionado toda la documentación relevante en este caso, recordando que los hechos mencionados ocurrieron durante una gestión anterior.