MADRID, 13 de enero.

El exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, ha solicitado al Tribunal Supremo que imponga una fianza al empresario Víctor de Aldama, al igual que ya se ha hecho con él y con el exministro José Luis Ábalos, en el contexto del juicio sobre las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria por el COVID-19. Según García, la situación financiera de Aldama, que se describe a sí mismo como un "empresario de éxito", justifica esta petición debido a su destacada capacidad económica.

En un documento accesible a Europa Press, la defensa de Koldo García subraya que, en este proceso, existen tres acusados y que todos comparten la responsabilidad civil en el caso. García ha expresado su preocupación de que la responsabilidad civil solo se esté considerando para aquellos acusados que actualmente se encuentran en prisión, como es el caso de él mismo y de Ábalos, recluidos en el centro penitenciario de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre.

Por lo tanto, García urge al tribunal a que se establezca la responsabilidad civil en relación con Aldama, quien ha mostrado una vida de lujo que, según argumenta García, es incompatible con una situación económica gravemente comprometida, como la que él y Ábalos enfrentan.

El exasesor destaca que tanto él como el exministro están atravesando dificultades económicas que les impiden cubrir los costos de su defensa legal y gestionar sus hipotecas, en contraste con Aldama, quien ha evidenciado una notable capacidad económica, reflejada en su estilo de vida ostentoso.

Además, García menciona reportes de medios que indican que Aldama disfruta de un nivel de vida elevado, incluyendo viajes de lujo y la utilización de propiedades y vehículos costosos, lo que, según él, sugiere una solvencia patrimonial suficiente para afrontar las posibles responsabilidades civiles que puedan surgir del juicio.

El Tribunal Supremo fijó el lunes un plazo de cinco días para que el exministro Ábalos y su exasesor depositen una fianza de 60.000 euros cada uno en cualquiera de las modalidades aceptadas. De no cumplir con este requerimiento, se les embargarán bienes que sean suficientes para cubrir la cantidad solicitada, a menos que puedan demostrar insolvencia.

La Fiscalía ha solicitado penas de prisión de 24 años para Ábalos, 19 años y medio para García y 7 años para Aldama. En paralelo, las acusaciones populares, especialmente el Partido Popular, han exigido 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario la pena solicitada es la misma que la presentada por el Fiscalía.

Tanto Ábalos como Koldo han reiterado su inocencia a través de sus defensas, sosteniendo que no cometieron ningún acto delictivo en el caso de las mascarillas. Aldama, por su parte, ha admitido los cargos en su contra a cambio de solicitar una reducción en su condena, en un juicio que se anticipa se llevará a cabo en los próximos meses.