El Gobierno ha reafirmado su determinación de seguir adelante con las reformas judiciales que ha propuesto, alegando que son esenciales para la modernización del sistema, a pesar de las críticas y la oposición de varias asociaciones de jueces y fiscales.

En Madrid, desde el 1 hasta el 3 de julio, se llevará a cabo una huelga convocada por las organizaciones judiciales, excluyendo a aquellas de tendencia progresista. Estas asociaciones han manifestado que las reformas en discusión pondrían en peligro la independencia del poder judicial y, por ende, la integridad del Estado de Derecho. Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dejado claro que no habrá marcha atrás, defendiéndolas como cruciales para afrontar los desafíos actuales del sistema judicial.

Las asociaciones, incluyendo profesionales de la magistratura y fiscales, dieron un primer paso en su protestas con un paro de diez minutos realizado el 11 de junio, seguido de una concentración ante el Tribunal Supremo. Fue el 17 de junio cuando decidieron convocar formalmente una huelga, exigiendo la retirada de las reformas, una petición que el Gobierno no ha considerado viable.

En una carta dirigida a los profesionales del sector, Bolaños insistió en la necesidad de estas reformas, argumentando que buscan actualizar estructuras judiciales que no han cambiado de manera significativa desde hace décadas, incluso desde el siglo XIX. El ministro invitó a las asociaciones a colaborar en la mejora de los detalles del proyecto durante su tramitación en el Parlamento.

A pesar de los ofrecimientos de diálogo por parte del grupo socialista para discutir posibles ajustes a la legislación, las asociaciones firmantes han percibido estas acciones como un simple gesto simbólico, sin una verdadera intención de abordar sus preocupaciones legítimas acerca de la independencia judicial.

Entre las principales objeciones planteadas se encuentra el temor a una selección ideológica de los futuros jueces y fiscales, así como la preocupación por la disminución de los requisitos de capacitación necesarios para acceder a estas carreras. Temen que se introduzcan evaluaciones más subjetivas que comprometan la calidad profesional dentro de la justicia.

Con respecto a los cambios en la Fiscalía, las asociaciones han manifestado su inquietud sobre un incremento en las competencias del fiscal general del Estado, argumentando que este continuará siendo nombrado por el Gobierno sin controles adecuados, lo que podría afectar la imparcialidad del Ministerio Público.

El ministro de Justicia ha descalificado los temores de las asociaciones, sugiriendo que hay una resistencia habitual al cambio dentro de este campo. Recordó que históricamente, reformas significativas en el sistema judicial han encontrado resistencia pero eventualmente han llegado a establecerse como consensos permanentes.

No obstante, la huelga ha provocado divisiones internas. Algunas organizaciones, como Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, han decidido no sumarse a la protesta, apoyando la idea de que los miembros del poder judicial no deberían ejercer su derecho a huelga.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió recientemente para discutir la huelga y decidió por unanimidad que el derecho a la huelga en el contexto judicial carece de apoyo normativo. Sin embargo, no se prevén sanciones para aquellos que decidan participar.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aclaró la situación respecto a las competencias del Ministerio Público en relación a la fijación de servicios mínimos y recordó que se debe priorizar la protección de los derechos de los ciudadanos.

A lo largo de este proceso, las asociaciones han reiterado que el derecho a huelga es fundamental, protegido por la Constitución, y que cualquier intento de limitarlo por parte de los empleadores será considerado una infracción grave.

Finalmente, se ha aclarado que, dada la falta de establecimiento oficial de servicios mínimos, se han desarrollado medidas propias para asegurar un mínimo de atención al público durante la huelga. Las asociaciones han indicado que después de estos tres días de protestas, evaluarán la situación y decidirán sobre la continuidad de las acciones en función de la respuesta institucional.

Este es el sexto episodio de huelga entre jueces y fiscales en España, poniendo a Bolaños en la misma línea de ministros de Justicia que han enfrentado este tipo de medidas de presión en el pasado.