Las asociaciones de jueces y fiscales no alineadas con posturas progresistas han decidido convocar una huelga de tres días que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de julio. La protesta se origina a raíz de las reformas anunciadas por el ministro Félix Bolaños, las cuales proponen cambios en el acceso a las carreras judicial y fiscal, además de reformar el procedimiento penal que asignaría a los fiscales funciones que actualmente son de los jueces.

Las entidades que han respaldado esta acción son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Estas organizaciones también han llamado a una concentración el 28 de junio frente al Tribunal Supremo como parte de su movilización.

El anuncio de la huelga sigue a un exitoso paro de diez minutos que ocurrió el 11 de junio, el cual reunió a más del 70% del personal judicial y fiscal en señal de protesta. Las asociaciones revelaron que más del 80% de sus miembros apoyaron la decisión de ir a huelga, evidenciando un fuerte descontento con las reformas propuestas por el gobierno.

Durante ese paro, los líderes de las asociaciones, salvo aquellas de tendencia progresista, expresaron su preocupación por la "independencia judicial", que consideran fundamental para el funcionamiento de una democracia real y para la integración eficaz en la Unión Europea. Alertaron que el nuevo marco legislativo en curso podría amenazar esta independencia.

En particular, las asociaciones hicieron hincapié en el proyecto de ley que busca modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, que ya ha pasado la primera fase de evaluación en el Congreso. Asimismo, cuestionaron el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, argumentando que estas iniciativas buscan debilitar el equilibrio de poderes, convirtiendo al Judicial en una rama menos robusta frente al poder político.

Las reformas, argumentan, no solo reducirán la calidad en la formación de jueces y fiscales al introducir criterios más subjetivos, sino que también abrirán la puerta a la influencia política en la educación de quienes aspiren a ingresar en estas profesiones. Al respecto, criticaron la creación de un centro de preparación de opositores bajo la dependencia directa del Gobierno, lo que podría llevar a una selección de candidatos influenciada ideológicamente.

Además, denunciaron que las reformas decretadas por el Ejecutivo están encaminadas a facilitar la incorporación de numerosos jueces y fiscales sin las debidas evaluaciones, lo que consideran una violación de los principios de igualdad y mérito establecidos en la Constitución, afectando particularmente a los jóvenes profesionales y a aquellos que se están preparando para las oposiciones.

En su comunicado, también condenaron los cambios que afectan a la Fiscalía, señalando que la ampliación de competencias del fiscal general del Estado se llevaría a cabo sin mecanismos de control, lo que incrementaría el riesgo de injerencias políticas en procesos judiciales, contraviniendo las normas europeas que buscan proteger la independencia de la justicia.

Las organizaciones firmantes manifestaron su descontento con el contexto en que se producen estas reformas, el cual, afirman, está marcado por una agresiva deslegitimación del Poder Judicial y de la Fiscalía, alimentada por discursos políticos que cuestionan la validez de sentencias que no se alinean con sus intereses, erosionando así la confianza pública en el sistema judicial.

Por su parte, desde el Ejecutivo, el ministro Bolaños ha minimizado las preocupaciones expresadas por los jueces y fiscales, calificando sus temores de "infundados" y defendiendo la necesidad de avanzar hacia una "Justicia del siglo XXI". No obstante, ha reconocido que la oposición al cambio es una reacción común en el ámbito judicial.