En un movimiento audaz, Izquierda Unida ha instado al Gobierno a implementar medidas más severas contra la corrupción, reclamando la abolición de indultos para aquellos condenados por delitos relacionados con tramas corruptas y la expropiación de activos obtenidos de manera ilícita. La propuesta incluye también la prohibición de contratación gubernamental con empresas que hayan estado involucradas en conductas corruptas.

Esta declarativa fue presentada por Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, en el Congreso de los Diputados. En su discurso, destacó la urgencia de que el Ejecutivo, que actualmente no está involucrado en los escándalos que han salpicado a ciertos miembros del Partido Socialista, actúe decisivamente para abordar la crisis generada por la implicación de Santos Cerdán en la denominada trama Koldo.

Entre las iniciativas planteadas, se encuentra la eliminación de la inviolabilidad del Rey, así como la eliminación de complementos salariales de los funcionarios públicos, la anulación de planes de pensiones privados y la restricción de regalos valorados en más de 200 euros, que deberían ser entregados a la institución correspondiente. Además, se sugiere un período de incompatibilidad de tres años para aquellos que deseen trabajar en el sector privado tras dejar sus responsabilidades públicas.

Maíllo enfatizó la necesidad de que el Gobierno, a pesar de no estar involucrado en actos de corrupción, abandone su "parálisis" y adopte acciones contundentes. Según él, simplemente pedir perdón no es suficiente para sanar la "herida" que afecta a la integridad de la vida pública.

En este contexto, también se advirtió que cualquier acusación de financiamiento irregular al PSOE podría generar un "cambio de pantalla absolutamente incontrolable". IU ha solicitado, además, la creación de una ley integral contra la corrupción y el establecimiento de una oficina dedicada a la prevención de estos delitos, medida que ya fue presentada en la Cámara el año pasado por el grupo Sumar.

Las propuestas incluyen que tanto "corruptos" como "corruptores" asuman la responsabilidad por el daño causado, obligándose a restituir el dinero público desviado. También se busca prohibir la participación en licitaciones públicas de aquellas empresas con antecedentes de corrupción en la última década.

Adicionalmente, se está exigiendo una reforma del Código Penal que aumente las penas por delitos de corrupción, reforzando las sanciones para el cohecho y el soborno, así como extendiendo el plazo de prescripción para delitos fiscales. Maíllo exige una inhabilitación de 30 años para quienes ocupen cargos públicos y la aceleración de los procesos judiciales que involucren a funcionarios imputados.

Otra de las piedras angulares de la propuesta es el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y el mantenimiento del estatus legal de las acusaciones populares, así como una mayor protección para denunciantes de corrupción.

Por último, IU pide un marco legislativo que aumente la transparencia y regule la actividad de los lobbies, limite los aforamientos, elimine la inviolabilidad del Rey y establezca una policía fiscal dentro de la Agencia Tributaria.

Maíllo concluyó su intervención advirtiendo que la inacción del Gobierno ante la corrupción sería un error monumental. Para él, es vital que se tomen medidas efectivas para restaurar la confianza en las instituciones y así sanar las heridas que la corrupción ha dejado en la sociedad. Asimismo, espera que mañana, tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, se puedan evaluar las decisiones que adopten como suficientemente firmes en este contexto de crisis ética.