Crónica España.

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IU exige a Sánchez que confirme si la empresa pública de vivienda será completamente estatal, excluyendo a promotores privados.

IU exige a Sánchez que confirme si la empresa pública de vivienda será completamente estatal, excluyendo a promotores privados.

MADRID, 4 de diciembre.

Izquierda Unida (IU) ha realizado un llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instándolo a que la empresa pública de vivienda que prometió debe tener una gestión completamente pública, excluyendo a inmobiliarias y promotores privados, e incorporando las viviendas en manos de la Sareb, el conocido como 'banco malo'.

A pesar de reconocer que la propuesta revelada por el presidente durante el último congreso federal del PSOE representa un progreso, IU sostiene que esto no será suficiente si finalmente la gestión de la empresa se rige por el principio de la especulación y el mercadeo. La formación política considera que la clave para combatir la especulación radica en una gestión absolutamente pública de la vivienda.

IU ha declarado que “Sánchez debe decidir si la gestión será pública o privada”. Subrayan que la única manera de detener la especulación es garantizar una administración 100% pública, que esté libre de cualquier participación de inmobiliarias y promotores privados. Desde sus plataformas en redes sociales, la formación insiste en la necesidad de una gestión pública sin concesiones.

Asimismo, IU ha insistido en que en esta nueva entidad se integren las 16.000 viviendas de la promotora de la Sareb, Árqura Homes, en lugar de optar por venderlas al mejor postor. Argumentan que la recuperación de estos activos es fundamental y marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso de la política de vivienda. En este contexto, el grupo parlamentario Sumar ya ha presentado una proposición no de ley en el Congreso con el objetivo de suspender las operaciones de la inmobiliaria del mencionado 'banco malo'.

Por último, en coherencia con sus demandas en los últimos meses, IU ha instado a la creación de legislación destinada a fijar límites a los precios del alquiler, restringir la oferta de pisos turísticos, movilizar la vivienda vacía y otorgar a los ayuntamientos poderes para frenar abusos en las zonas más tensionadas del mercado inmobiliario.