La controversia acerca de las subvenciones electorales a Bildu ha vuelto a cobrar protagonismo, especialmente ante la inclusión de excondenados de ETA en sus listas de candidatos. Consejeros del Tribunal de Cuentas han solicitado la detención del pago de estas ayudas, argumentando que se trata de una clara violación de la Ley Electoral, que prohíbe otorgar financiamiento a partidos que presenten a individuos con antecedentes por terrorismo.

El debate se originó en febrero, cuando el Tribunal de Cuentas examinaba un informe sobre las elecciones locales de mayo de 2023. Durante la sesión, cuatro consejeros vinculados al Partido Popular señalaron que Bildu había incluido a 23 personas que habían cumplido condena por delitos de terrorismo, y recordaron que la legislación establece que solo se pueden otorgar subvenciones a formaciones que hayan demostrado un rechazo explícito a la violencia en sus métodos.

A pesar de la presión ejercida por estos consejeros, el Pleno del Tribunal, bajo la dirección de Enriqueta Chicano, decidió no seguir adelante con el bloqueo de las subvenciones. La mayoría de los miembros del Tribunal argumentó que la responsabilidad de verificar el rechazo al terrorismo recae en la Dirección de Política Interior del Ministerio del Interior y no en el propio Tribunal.

En respuesta a esta situación, el Partido Popular ha intensificado sus esfuerzos por obtener una explicación del Ministerio del Interior. Han solicitado la comparecencia de la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo Sanz, así como acceso al expediente completo de las subvenciones que Bildu recibió por su participación en las elecciones municipales.

El Ministerio ha aclarado que, de acuerdo con la normativa, se procedió al pago de un adelanto del 30% de las subvenciones solicitadas por Bildu para su campaña electoral de mayo. Sin embargo, meses después surgieron cuestionamientos sobre la presencia de candidatos que habían cumplido penas por actividades terroristas.

En defensa de su postura, Bildu presentó declaraciones firmadas por todos sus candidatos, en las que se manifiesta un firme rechazo a cualquier forma de violencia. Dichos documentos, que fueron firmados antes de la proclamación oficial de candidaturas, reafirman su compromiso con un enfoque político basado en el diálogo y la negociación, según el Código Ético de la coalición.

Con la justificación presentada por Bildu, el Ministerio del Interior ha confirmado que ha cumplido con los requisitos legales y procederá con el abono de las subvenciones solicitadas por el partido liderado por Arnaldo Otegi, cerrando de esta manera un episodio de intensa controversia política.