El Ministerio del Interior ha reafirmado su compromiso con la correcta aplicación de la legislación penitenciaria, particularmente en lo que respecta a la progresión al tercer grado de los presos de ETA. Esta afirmación se produce a pesar de las críticas en torno a la falta de un arrepentimiento manifiesto por parte de algunos de estos individuos condenados por terrorismo.

De acuerdo con una respuesta del Gobierno, la clasificación de un interno en tercer grado representa simplemente un cumplimiento de la condena y no debe considerarse un beneficio por el que se deba pedir perdón o mostrar gratitud. La administración que lidera Fernando Grande-Marlaska ha indicado que se están respetando los procedimientos establecidos.

Este pronunciamiento se produjo tras consultas planteadas por UPN, donde se señalaban las objeciones de varias asociaciones de víctimas, que cuestionan la concesión de terceros grados a presos de ETA sin evidencias tangibles de arrepentimiento, tal como lo estipula la ley vigente.

En lo que toca específicamente a los presos de ETA, el Gobierno ha defendido que la Administración Penitenciaria considera que estos reclusos cumplen con los criterios legales necesarios para acceder al régimen de tercer grado, incluido el de haber manifestado algún tipo de arrepentimiento. Aclararon que las decisiones tomadas no han sido objeto de revisión por las instancias judiciales competentes.

Desde que la gestión de las políticas penitenciarias recayó en el Gobierno Vasco en octubre de 2021, se ha otorgado el tercer grado a 94 presos de ETA, lo que refleja un aumento notable en la cantidad de progresiones desde 2018, cuando el Gobierno central otorgó 28 más en un contexto similar.

Covite, una asociación de víctimas, recientemente ha denunciado la concesión de más terceros grados a prisioneros que aún mantendrían vínculos con ideologías abertzales y, por lo tanto, no ha mostrado arrepentimiento claro, acentuando así la preocupación entre las víctimas del terrorismo.

El Gobierno también se ha escudado en el Reglamento Penitenciario para hacer una clara diferenciación entre los terceros grados y los beneficios penitenciarios, como podrían ser la libertad condicional anticipada o el indulto, argumentando que el segundo grupo implica una reducción de condena, lo cual no sucede en el caso del tercer grado.

De acuerdo con la Ley Orgánica General Penitenciaria, se establece que ningún interno debería ser mantenido en un grado inferior si, por su evolución en el tratamiento, merece ascender a un régimen de mayor libertad, basándose en criterios de tratamiento individualizados.

Aunque el Gobierno se ha comprometido a seguir las disposiciones de la normativa de protección de datos, ha hecho hincapié en que todas las decisiones relacionadas con la clasificación de los presos son comunicadas al Ministerio Fiscal, en cumplimiento de las normativas pertinentes.

Finalizando, el Ministerio del Interior ha reiterado su respeto por el marco legal en el ámbito penitenciario y por el resto del ordenamiento jurídico. Aparte de esto, en otra respuesta a inquietudes del diputado de UPN, se afirmó que el Gobierno está firmemente en contra de los homenajes públicos a los terroristas, reiterando que estos actos son rechazados por todas las fuerzas políticas democráticas.

El Ejecutivo ha señalado que la cantidad de homenajes registrados ha disminuido drásticamente, subrayando la importancia de esta tendencia en contraste con cifras de años anteriores.