El presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ha disuelto el Parlamento y ha convocado elecciones legislativas para este domingo, después de acusar a varios diputados de utilizar la institución para "conspirar". Esta decisión llega pocos meses después de un intento de golpe de Estado en el país africano que dejó once muertos.

El intento de golpe se llevó a cabo el 1 de febrero de 2022, cuando un grupo de personas armadas atacó el Palacio de Gobierno durante una reunión del Consejo de Ministros en la que participaba Embaló, en medio de tensiones políticas profundizadas por una polémica remodelación del Ejecutivo por parte del mandatario.

Guinea-Bissau ha experimentado varios golpes de Estado exitosos en el pasado, además de ocho intentonas de alzamiento, pero logró materializar en 2020 su primera transición pacífica de poder.

El mandato de Embaló ha enfrentado dificultades desde el principio debido a las impugnaciones presentadas por su rival en las elecciones presidenciales de diciembre de 2019, Domingos Simoes Pereira, el candidato del entonces gubernamental Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGCV), que dominó la política del país desde su independencia.

La remodelación del Gobierno en enero de 2022 incrementó las tensiones y culminó con un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares el 1 de febrero, en el que resultaron muertas once personas, incluidos miembros del equipo de seguridad del presidente. Como resultado, Embaló disolvió el Parlamento y convocó elecciones para junio de 2023 que finalmente se han adelantado.

Las elecciones figuran como un acontecimiento clave para el futuro político del país y en ellas se repartirán los 102 escaños que componen la Asamblea Nacional Popular (ANP). El PAIGCV espera poder mantener su mayoría, mientras que el Movimiento para la Alternancia Democrática-Grupo de 15 (Madem-15), el partido de Embaló, será el segundo con mayor representación.

La Comisión de la Unión Africana (UA) ha desplegado una misión de observación integrada por 40 personas y encabezada por el expresidente mozambiqueño Joaquim Alberto Chissano, mientras que los partidos firmaron en mayo un "código de conducta" impulsado por Naciones Unidas en el que se comprometieron a aceptar los resultados que anuncie la comisión electoral.

El Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) ha destacado que las cruciales reformas institucionales, principalmente una revisión de la Constitución, que han sido motivo de división entre los partidos dependerán del equilibrio de poder surgido de las urnas.

El país, que cuenta con 1,8 millones habitantes y que "es uno de los más pobres y frágiles del mundo", según el Banco Mundial, se encuentra además sumido en una crisis económica amenazada por "las continuadas presiones inflacionarias" y los "shocks climáticos".