El Gobierno de España ha impulsado cambios significativos en la normativa que rige la creación y autorización de universidades. En una reciente reunión, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que sustituye algunas de las disposiciones del anterior real decreto 640/2021, buscando mejorar y modernizar el sistema educativo superior en el país.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha decidido flexibilizar ciertos requisitos, eliminando la necesidad de que la entidad fundadora tenga experiencia previa en el ámbito universitario. Sin embargo, se mantiene la exigencia de que el equipo directivo de la nueva universidad cuente con una sólida experiencia en gestión académica para asegurar una dirección competente.

Este ajuste llega tras un proceso de revisión que incluyó un informe del Consejo de Estado, que emitió recomendaciones clave. De acuerdo con la nueva normativa, al presentar un proyecto universitario, se deberá identificar al equipo directivo que encabezará la institución, con el fin de garantizar que cumpla con los estándares mínimos de competencia y aptitud.

Además, se ha abordado el tema de la expansión de títulos en las universidades. El Consejo de Estado dictaminó que las propuestas para aumentar la oferta académica no deben ser vinculantes, aunque deberán evaluarse mediante la Conferencia General de Política Universitaria.

El principal objetivo de estas reformas es asegurar que todas las universidades, sin importar su ubicación, operen bajo parámetros de calidad establecidos por el Gobierno. Hasta la fecha, se han aprobado 27 universidades privadas, mientras que la última universidad pública se remonta a 1998, año en el que se fundó la Universidad Politécnica de Cartagena.

Desde 2018, el Ministerio ha analizado 25 proyectos universitarios, enviándolos a la Conferencia General de Política Universitaria sin que este organismo tenga la última palabra. De los informes emitidos, 13 fueron negativos, y a pesar de ello, algunas comunidades autónomas aprobaron proyectos sin respaldo ministerial.

El nuevo decreto también exige un informe vinculante elaborado por la ANECA o agencias autonómicas de evaluación de calidad, además del requerimiento de la Conferencia General. Esto asegura que se adopten decisiones fundamentadas sobre la creación de nuevas instituciones educativas.

En el ámbito de la calidad, España dispone de once agencias independientes para la evaluación, las cuales están integradas en la Asociación Europea de Agencias de Calidad. Con la modificación reciente, las evaluaciones positivas de estas agencias permitirán que los proyectos continúen su proceso administrativo en el Ministerio, que emitirá un informe sobre la viabilidad económica y la solidez del equipo de dirección.

Para reforzar la calidad de la educación, se ha establecido que las universidades deben contar con un mínimo de 4.500 estudiantes, así como un respaldo económico que incluya avales bancarios o equivalentes. También habrá un compromiso de proporcionar alojamiento suficiente para los estudiantes.

El nuevo decreto establece que, al crear o reconocer una universidad, debe incluir un compromiso de que se contará con un 10% de plazas de alojamiento para los estudiantes en un plazo de tres años. Asimismo, se destinará el 5% del presupuesto a la investigación y se requerirá que una significativa mayoría de la plantilla docente tenga un doctorado.

Otro aspecto relevante es la facilidades para que las universidades puedan expandirse internacionalmente, creando facultades en el extranjero bajo condiciones específicas y con la autorización de las comunidades autónomas. Se introduce una nueva categoría: los centros de altos estudios.

Las universidades en funcionamiento estarán obligadas a cumplir con estos nuevos requisitos en un plazo de tres años, mientras que las recientemente autorizadas tendrán un plazo de cinco años. Sin embargo, algunos criterios, como el número de estudiantes, permitirán un periodo de cumplimiento de hasta seis o incluso siete años.

Las instituciones que no logren cumplir con los estándares establecidos estarán obligadas a presentar un plan de acción y tendrán un tiempo adicional para rectificar. Por ejemplo, una universidad que no alcance los 4.500 estudiantes puede ser evaluada de acuerdo con un porcentaje de cumplimiento, garantizando un grado de flexibilidad en la normativa.

El título universitario también reflejará la modalidad en que se ha obtenido, ya sea presencial, virtual o híbrida. Asimismo, los ocho proyectos de universidades privadas que aún no han iniciado su proceso de reconocimiento deberán ajustarse a los requisitos estipulados en este nuevo decreto.

Por último, es importante mencionar que algunos proyectos recientes ya se evaluaron bajo los criterios anteriores, y tres de ellos no recibieron aprobación por parte del Ministerio. Sin embargo, la Universidad Abierta de Extremadura sí logró la luz verde en este proceso. Estas reformas representan un esfuerzo por parte del Gobierno para establecer un sistema universitario más robusto y adaptado a las necesidades del presente y futuro educativo en España.