En la jornada de ayer, el 5 de julio, se hizo pública una declaración del Gobierno español que respalda la polémica directiva emitida en mayo por el Ministerio del Interior. Esta normativa permite el consumo de drogas en vehículos particulares aparcados, bajo el argumento de que esta actividad no se clasifica como una infracción en la Ley Orgánica 4/2015, conocida popularmente por sus críticos como la 'ley mordaza'.

La respuesta del Gobierno llegó en forma de contestación a un conjunto de preguntas formuladas por el Partido Popular, que expresaba su preocupación respecto a la Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, destacando que el consumo de sustancias ilegales en automóviles no se contemplaba como un comportamiento sancionable en dicha ley.

Según el Ejecutivo, la decisión se basa en recientes pronunciaciones de los tribunales, que han determinado que el consumo de estupefacientes dentro de coches privados no se encuentra tipificado como infracción en el artículo 36.16 de la mencionada ley de seguridad ciudadana. Esta interpretación legal fue detallada en la respuesta a los requerimientos del PP.

Por otro lado, esta medida ha generado una fuerte reacción entre las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Estos grupos han criticado la instrucción por considerar que implica una aceptación general del consumo de drogas en vehículos, lo que podría disminuir la eficacia de sus esfuerzos en el mantenimiento del orden y la seguridad en las carreteras.

A pesar de que el Ministerio del Interior sostiene que su decisión está respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, los sindicatos han advertido sobre las posibles repercusiones negativas que una política de este tipo podría tener tanto en la seguridad pública como en la salud de los ciudadanos.