El Gobierno español ha dado un paso firme hacia la equidad en el ámbito laboral, anunciando un nuevo plan con el objetivo de erradicar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en la Administración Pública. En una sesión reciente, el Consejo de Ministros aprobó una propuesta que incluye la realización de un profundo estudio para analizar la brecha salarial de género y fortalecer el protocolo contra el acoso sexual y por motivos de género dentro del gobierno.

Este es el cuarto Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado (AGE), impulsado por el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública junto al Ministerio de Igualdad. Según Óscar López, el ministro responsable, la iniciativa busca eliminar cualquier forma de desigualdad que persista en el sistema público, promoviendo así un equilibrio en la representación de ambos sexos en todas las categorías laborales.

El plan se basa en un conjunto de 20 objetivos y 45 actuaciones, que abordan temas cruciales como la sensibilización del personal, la mejora de las condiciones laborales, la promoción de la corresponsabilidad en el ámbito familiar, así como la lucha contra la violencia de género. Para ello, se implementará un sistema regular de recolección de datos para evaluar el progreso y detectar áreas que requieran mejoras.

Este documento fue discutido extensivamente en la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y ha sido respaldado por varias organizaciones sindicales. Uno de los puntos más destacados de este plan es su enfoque en promover igualdad retributiva, incluyendo un estudio sobre la posible brecha salarial en la AGE, con miras a proponer un plan de acción si se identifican desigualdades significativas.

Además, el plan tiene como objetivo fomentar la inclusión de mujeres en roles de liderazgo y en sectores donde su representación es baja, como es el caso de las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). También se prevé una formación intensificada sobre igualdad de género que abarque todos los niveles de la Administración, así como la inclusión de estos temas en las pruebas de selección de personal.

El programa pone un fuerte énfasis en la prevención de la violencia contra las mujeres, estableciendo medidas para fortalecer las unidades de igualdad en la Administración y la creación de espacios informativos conocidos como 'Puntos Violetas', a fin de ayudar a las víctimas a acceder a los recursos necesarios. También se implementará un registro para estas unidades y se garantizará el apoyo necesario a quienes lo soliciten de manera confidencial.

Además, se prevé una revisión del protocolo contra el acoso sexual, buscando asegurar una protección efectiva para las trabajadoras que puedan ser víctimas de estas conductas. López enfatizó la importancia de convertir la Administración en un espacio completamente seguro para las mujeres.

Entre las medidas de apoyo a las víctimas de violencia de género, se ha decidido ampliar el tiempo de reserva del puesto de trabajo, pasando de seis meses a un año. Esta estrategia tiene como finalidad facilitar la recuperación de aquellas mujeres que han sufrido violencia, garantizándoles acceso a permisos retribuidos y adaptaciones laborales cuando sea necesario.

Por último, el plan también aborda la necesidad de mejorar la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, buscando alcanzar una igualdad auténtica. De acuerdo con el estudio presentado, alrededor del 75% de los permisos no retribuidos en la AGE son solicitados por mujeres, quienes siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades del hogar y el cuidado de personas dependientes.

En este sentido, el plan incluye medidas para otorgar a los empleados que cuidan a personas mayores dependientes el derecho a una jornada intensiva durante los meses de verano y priorizar su disfrute de vacaciones y permisos por asuntos personales. Hasta ahora, tal consideración solo se aplicaba a aquellos con hijos menores de 12 años o a quienes cuidaban a personas con discapacidad, lo que subraya el esfuerzo del Gobierno por reconocer y apoyar a quienes asumen estas responsabilidades.