El 20 de marzo de 2026 es la fecha límite para la reubicación de todos los menores que actualmente se encuentran en zonas con alta ocupación, como es el caso de las Islas Canarias.

MADRID, 19 de marzo.

Los lineamientos que definirán la situación de emergencia migratoria deben ser ratificados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en un plazo máximo de tres meses, estableciendo el 20 de junio como fecha tope. En caso de que no se logre un consenso entre las comunidades autónomas, se aplicarán las pautas estipuladas en el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros, el cual actualiza el artículo 35 de la Ley de Extranjería y entrará en vigor este jueves, tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta legislación, que requerirá la convalidación definitiva del Parlamento, establece un mecanismo obligatorio para redistribuir a los menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras regiones de España.

El documento, de 15 páginas, se denomina "Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia" e introduce un nuevo artículo 35 que detalla los criterios para la asignación de menores. Estos criterios incluyen factores como la población, la renta per cápita, la tasa de desempleo, el esfuerzo previo de acogida, la disponibilidad de plazas y la situación geográfica de frontera o insularidad.

Durante una rueda de prensa post Consejo de Ministros, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicó que dichos criterios podrán ser ajustados por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

El real decreto-ley especifica en su disposición adicional primera que los criterios para el Plan de Respuesta Solidaria, destinado a atender la situación de emergencia migratoria para menores no acompañados, deberán ser aprobados dentro del plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto.

La disposición adicional segunda indica que la reubicación de menores extranjeros no acompañados en situación de sobreocupación, como es el caso de Canarias y Ceuta, deberá realizarse dentro del año siguiente a la promulgación de la norma, es decir, hasta el 20 de marzo de 2026.

Para futuras reubicaciones, el decreto plantea un plazo de 15 días naturales desde la inscripción del menor en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados hasta su traslado a la comunidad o ciudad autónoma de destino.

El Gobierno aclara que, en situaciones fuera de la emergencia migratoria, es fundamental que las comunidades y ciudades autónomas, responsables de la atención y la integración social de los menores no acompañados, den su conformidad al reparto, un procedimiento que ya se llevó a cabo en los acuerdos del 30 de septiembre de 2022.

La lógica detrás de este real decreto-ley radica en la evidente necesidad de proteger a los menores migrantes no acompañados debido a la llegada masiva de estos en España, lo que obstaculiza el control fronterizo.

Además, el Ejecutivo subraya que la situación de emergencia migratoria crea una "necesidad urgente" de proteger a los menores no acompañados que no puede ser cubierta exclusivamente por los servicios ordinarios, incluso si están reforzados en la comunidad o ciudad autónoma de ingreso.

La declaración de estado de emergencia migratoria se producirá en aquellas regiones donde el sistema de protección para menores no acompañados sobrepase tres veces su capacidad habitual.

El ministro Torres también puntualizó que la capacidad de acogida de cada comunidad se determinará dividiendo la población total de la región a 31 de diciembre del año previo por la media nacional de menores atendidos en el sistema de protección español, basándose en datos que las comunidades deben enviar antes del 31 de marzo de 2025, así como en la inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.

Para años posteriores, la capacidad máxima se aprobará anualmente, requiriendo que las comunidades remitan, antes del 15 de enero, la certificación del número máximo de menores atendidos por su sistema de protección.

El Gobierno ha garantizado, mediante disposiciones adicionales, la dotación de recursos financieros con un fondo vinculado al Ministerio de Juventud e Infancia, que contará con un crédito extraordinario de 100 millones de euros para el año 2025.

La aprobación de este Real Decreto se produce tras el acuerdo del Gobierno con Junts, lo que facilita su avance en la Cámara Baja. Este giro de los de Carles Puigdemont surge tras pactar con el PSOE la delegación de competencias en materia de inmigración hacia Cataluña.