El bufete Lex Iusta Abogados se ha retirado de la defensa del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el caso Kitchen, en el que está procesado junto al exministro Jorge Férnandez Díaz por su presunta participación en una operación de espionaje ilegal orquestada para obtener información sensible del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Fuentes consultadas por Europa Press señalan que la renuncia se formalizó ante la Audiencia Nacional el miércoles y se debe a que el ex secretario de Estado considera que necesita un nuevo impulso en su defensa ante la nueva fase procesal que se abre después de la instrucción.

A pesar del cambio en la dirección letrada del caso, el entorno de Martínez agradece a los abogados de Lex Iusta por su trabajo durante la instrucción. No obstante, se han señalado ciertas discrepancias claras sobre cómo abordar la defensa, lo que ha generado la ruptura con el bufete.

Martínez ya ha elegido un nuevo letrado para la fase que va a comenzar y finalizará con el juicio oral. El bufete Frago & Suárez, liderado por el ex fiscal de delitos económicos Juan Antonio Frago y su socia Verónica Suárez, ya ha formalizado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 su personación como nuevos abogados de Martínez. El ex secretario de Estado buscaba para su defensa en el juicio un perfil como el de Frago y su decisión ha pesado en el hecho de que este haya sido fiscal.

El nuevo equipo legal se encargará de estudiar los miles de folios del caso y preparar el escrito de defensa. Todos los investigados esperan al auto del juez de apertura de juicio oral después de que Anticorrupción presentara su escrito de acusación. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Martínez por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

En tanto el nuevo equipo legal asume el caso, Martínez espera la decisión del juez Manuel García Castellón sobre el último de sus escritos en el caso Kitchen, en el que pedía la expulsión de las acusaciones populares de Podemos y PSOE porque vulneran su derecho a un proceso justo e igualitario. Según su defensa, se da "una evidente ruptura de la igualdad de armas procesales" porque estos partidos ostentan "la triple condición de parte procesal (acusación popular), mayoría parlamentaria (Poder Legislativo), y Gobierno (Poder Ejecutivo)".

En un escrito enviado a Europa Press, se acusa a esos partidos de llevar a cabo un "proceso paralelo" y se pone como ejemplo la comisión de investigación sobre el caso Kitchen que desarrolló sus trabajos en el Parlamento mientras una parte de la investigación judicial se encontraba bajo secreto de sumario.