El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha decidido intensificar sus ataques contra el PSOE, aprovechando la reciente ola de denuncias por acoso sexual que afecta a la formación socialista. A las acusaciones que giran en torno al caso de Francisco Salazar, exasesor del Gobierno, se han añadido nuevas revelaciones que comprometen a otros miembros del partido. El objetivo del PP es debilitar la imagen pública de la vicepresidenta primera y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, más allá de las crisis por corrupción que ya salpican a su organización.

En los círculos del PP existe una clara estrategia para que las vacaciones navideñas no sirvan como un respiro para el PSOE, que busca minimizar el impacto mediático de su manejo frente a estos escándalos. Fuentes cercanas al partido han destacado que la respuesta de Pedro Sánchez a las alegaciones de acoso ha generado descontento entre sus propios militantes, lo que podría restarles apoyo en futuros comicios.

A pesar de que ya concluyó la última sesión de control del año en el Congreso, el PP planea redoblar sus esfuerzos para desafiar al Gobierno, centrando su crítica en la figura de Montero. Esta ofensiva no solo apunta a los casos de corrupción, cada vez más numerosos, sino que también pretende utilizar el escándalo del acoso como un nuevo frente para acorralar a la futura candidata en las elecciones andaluzas de 2026.

El mensaje que se quiere transmitir desde 'Génova' es claro: el 'caso Salazar' no es un incidente aislado, y el PSOE carece de la moral necesaria para predicar sobre feminismo después de haber ocultado presuntos delitos de acoso sexual. Insisten en que estos escándalos podrían tener un mayor impacto en las urnas que los casos de corrupción que ya han afectado a la formación socialista.

La situación dentro del PSOE se complica aún más con la aparición de nuevos casos de acoso sexual, como el de Antonio Navarro, antiguo secretario general en Torremolinos, y el de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, ambos enfrentándose a severas acusaciones que han llevado a sus respectivas bajas en el partido. Recientemente, Javier Izquierdo, exdelegado del Gobierno en Castilla y León, también presentó su dimisión tras ser nombrado en un nuevo escándalo relacionado.

Sumado a estos incidentes, otro alcalde del PSOE, en Belalcázar, ha renunciado a su cargo tras revelaciones sobre mensajes inapropiados. Además, el PPSV está investigando denuncias de acoso y laboral contra uno de sus líderes en Valencia, lo que agrava aún más la crisis interna del PSOE.

Desde el PP, se enfatizan otros temas, como las actitudes machistas de figuras del partido socialista y las polémicas generadas por las reformas de la ley del 'solo sí es sí', que han generado confusión en la aplicación de la justicia en casos de agresión sexual. Consideran que la respuesta del PSOE ha sido insuficiente ante cuestiones de gran relevancia social.

Dirigentes del PP han señalado que aunque los problemas de acoso no son exclusivos del PSOE, es crucial observar cómo cada partido actúa cuando surgen tales denuncias. Acusan al PSOE de querer evitar un examen público de su protocolo de actuación, que, según dicen, ha fallado en su respuesta a estas situaciones.

Por su parte, Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, ha denunciado la doble moral del PSOE al presentarse como defensores de la causa feminista a la vez que se dejan llevar por la inercia ante graves acusaciones en su propia casa. Para Gamarra, la indecorosidad se manifiesta tanto en la corrupción como en cada caso de machismo que ha quedado impune dentro del partido socialista.

Montero ha reconocido la necesidad de mejorar el protocolo antiacoso del PSOE, a pesar de sostener que en casos de delitos claros se debe actuar de inmediato y acudir a la justicia. La vicelembra también cuestionó las críticas del PP, recordando que su partido enfrenta su propia problemática tras las denuncias que recaen sobre sus miembros, como el alcalde de Algeciras, quien ahora se encuentra en una situación de defensa legal.

El PP ha defendido su enfoque interno respecto a las denuncias de acoso sexual, contrastándolo con la actitud de inacción que atribuyen al PSOE. Desde 'Génova', insisten en que su protocolo incluye un estudio detallado de cada denuncia, respaldado por una Oficina de Compliance que activa un procedimiento específico para asegurarse de que se tomen en serio todas las denuncias que surjan.

En su Código Ético, el PP establece de forma tajante que cualquier conducta de acoso, ya sea moral o sexual, está prohibida en sus entornos de trabajo y actividad, reflejando así su compromiso con la creación de un ambiente seguro para todos sus integrantes.