El Partido Popular (PP) se prepara para tomar una postura firme en lo concerniente al tema de la inmigración, enfrentándose tanto a Vox como al PSOE. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, está afinando un plan migratorio que espera presentar en las próximas semanas, con la intención de hacerlo este mes de octubre. Entre las medidas contempladas destaca la implementación de una "carta de compromiso" destinada a los inmigrantes que deseen residir y trabajar en el país. Este documento busca garantizar que los nuevos residentes respeten valores fundamentales como la igualdad, la libertad y el estado de derecho, según han indicado fuentes del PP a Europa Press.

El equipo del PP, liderado por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, está diseñando una propuesta que se define como "liberal y europea". Esta iniciativa se basa en el principio de "orden y legalidad" y toma inspiración de las políticas migratorias de otras naciones del entorno europeo.

Desde el PP sostienen que la inmigración es un tema que va más allá de las ideologías políticas, y recalcan que no se trata simplemente de una cuestión de derechas. Afirman que es un asunto transversal que necesita ser abordado sin tabúes, criticando a la izquierda por su tendencia a silenciar el debate y a Vox por exagerar la situación con su enfoque de "criminalización" hacia los inmigrantes.

En la sede del PP en Génova, observan con interés las medidas adoptadas por otros países europeos, como Alemania y Reino Unido. Recientemente, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que los refugiados perderán su derecho automático a la residencia permanente y a la reagrupación familiar, lo que podría marcar un cambio significativo en la política del continente.

El PP defiende la idea de una "integración con exigencias", que implica el aprendizaje del idioma, el conocimiento de la Constitución y el respeto a los valores fundamentales de la sociedad española. Esta propuesta de un "compromiso" a firmar por parte de quienes lleguen a España se asemeja a una iniciativa presentada anteriormente por Mariano Rajoy en 2008.

Feijóo ha afirmado que todo inmigrante debe comprometerse a respetar las leyes y costumbres de España, así como los principios de libertad y tolerancia que caracterizan a la sociedad europea. "Aquellos que no se ajusten a estas expectativas no deberían permanecer en nuestra nación", afirmó en una reciente declaración.

Entre las propuestas más destacadas de su plan migratorio se encuentra la introducción de un visado por puntos, similar al sistema utilizado en países como Canadá y Australia. Este mecanismo tiene como objetivo priorizar la entrada de inmigrantes que adolecen un mejor conocimiento de la cultura española y que puedan cubrir la demanda de mano de obra en ciertos sectores.

El PP establece que, para obtener una mayor puntuación en este visado, se tendrán en cuenta factores como el dominio del idioma, la formación académica, la experiencia laboral y las conexiones familiares en España. "Es un derecho nuestro decidir quién puede ingresar al país y con qué propósitos", subrayan representantes de la formación.

Asimismo, el partido pone énfasis en la responsabilidad que deben asumir los países de origen de los inmigrantes. Según su postura, aquellos que no colaboren con las autoridades españolas deberían perder ciertos beneficios y ayudas, resaltando que la solidaridad no debe ser un concepto unilateral.

Feijóo también propone que las ayudas económicas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), estén vinculadas a la búsqueda activa de empleo, argumentando que recibir asistencia pública no debería ser la meta ni un medio para sostenerse económicamente.

El PP planea restringir las regularizaciones por arraigo, buscando devolver a este mecanismo su carácter excepcional, ya que consideran que se ha convertido en una ruta poco clara para la regularización de inmigrantes que se encuentran en situación irregular.

Con respecto a la criminalidad, el PP se adhiere a una política de "tolerancia cero" para aquellos que cometen delitos, enfatizando que los reincidentes, especialmente en delitos severos como los contra la libertad sexual, deberían ser expulsados del país, independientemente de su estatus migratorio.

El partido señala que la pérdida de residencia debe ser automática para inmigrantes implicados en delitos graves, sosteniendo que el respeto a la ley es esencial para la convivencia en la sociedad española. Así lo reiteraron en una reciente declaración firmada por Feijóo y otros líderes regionales en Murcia.

Además, el PP considera crucial que la frontera sur de Europa cuente con más recursos y una presencia reforzada de la agencia Frontex, con el objetivo de intensificar el control sobre la inmigración irregular y combatir a las organizaciones criminales que operan en este ámbito.

En cuanto a la gestión de menores no acompañados, el PP hace hincapié en que necesitará un enfoque transparente y no será un instrumento de negociación política, responsabilizando al gobierno central por el fracaso en la actual política migratoria. Exigen garantizar la correcta determinación de la edad y la atención adecuada para estos menores, ante la presión que enfrentan las comunidades autónomas.

Por último, Feijóo ha anunciado que, en caso de acceder al poder, procederá a reformar la Ley de Extranjería y el Código Penal para poder deportar a aquellos extranjeros que hayan falsificado su edad. La nueva normativa incluirá específicamente la tipificación como delito del fraude relacionado con la edad o nacionalidad.