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Política 1 de Septiembre de 2026 · 14:25h 2 min de lectura

Feijóo pide que militares en Ceuta puedan hacer detenciones para reforzar la seguridad

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado formalmente que los militares desplegados en Ceuta sean reconocidos como agentes de autoridad. En una reunión con la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), expresó la necesidad de que puedan realizar detenciones y actuar frente a amenazas en la frontera.

Ceuta ha sido escenario de tensiones en los últimos meses, con entradas masivas de inmigrantes y situaciones de inseguridad. La presencia militar en la frontera se ha incrementado, pero sin el reconocimiento legal para actuar con autoridad plena. La propuesta del PP busca dotar a las Fuerzas Armadas de mayores capacidades para responder a estos desafíos.

Este planteamiento implica un cambio en la legislación vigente, que limita las funciones de los militares en tareas de seguridad ciudadana. El Gobierno actual ha mostrado reticencias a ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, priorizando la coordinación con las fuerzas policiales y la protección de fronteras mediante otros mecanismos.

Desde la perspectiva política, la iniciativa del PP responde a una estrategia de reforzar la seguridad en Ceuta ante la percepción de inacción por parte del Ejecutivo. La medida también busca capitalizar el apoyo de sectores militares y de seguridad que consideran insuficientes los recursos actuales para garantizar la estabilidad en la frontera.

El debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas policiales ha sido recurrente en España, especialmente en contextos de crisis migratoria. La futura legislación y las decisiones del Gobierno en esta materia marcarán la evolución del control en Ceuta y otros enclaves similares, en un escenario de creciente tensión en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

En el largo plazo, la discusión refleja las tensiones entre seguridad, legalidad y competencias en la gestión de fronteras. La respuesta del Gobierno y las posibles reformas legislativas determinarán el alcance del despliegue militar en funciones de autoridad en los próximos años.

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