En una reciente entrevista, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su clara postura en relación a la inmigración en España, en contraposición con la provocativa declaración del líder de Vox, Santiago Abascal, quien sugirió hundir un barco de rescate de Open Arms. Feijóo aclaró que su objetivo no es dañar a los migrantes, sino evitar que embarcaciones impulsadas por redes mafiosas salgan de los puertos de origen.

Durante su intervención en Telecinco, Feijóo subrayó: "Mi intención no es hundir barcos, lo que deseo es que no salgan embarcaciones patrocinadas por las mafias". Con esta afirmación, el líder popular resaltó la importancia de abordar las causas de la inmigración irregular en lugar de reaccionar de manera violenta.

Feijóo también tomó un enfoque proactivo sobre la inmigración legal y regular, enfatizando la necesidad de proteger a aquellos migrantes que cumplen con las leyes y contribuyen a la economía española, especialmente en sectores como la construcción y la hostelería. Sin embargo, dejó claro que la inmigración irregular no puede ser aceptada, señalando que "en ningún caso" debe otorgarse derechos a quienes no cumplen con las normativas.

Refiriéndose a situaciones de violencia, el líder del PP planteó la necesidad de una justicia eficaz cuando se cometen delitos por parte de inmigrantes, insistiendo en que quienes cometan crímenes deben ser juzgados y posteriormente expulsados del país. Esto, subrayó, es una cuestión de responsabilidad y justicia.

Feijóo criticó la actitud del Gobierno español frente al debate sobre la inmigración, describiéndolo como un enfoque de "buenismo" que evita discutir un tema de gran relevancia para la sociedad. Según él, el Partido Popular está dispuesto a abordar esta cuestión abiertamente para contrarrestar el crecimiento de discursos xenófobos que amenazan la cohesión social.

El líder del PP concluyó subrayando que su postura se centra en la idea de que los inmigrantes deben venir a España a contribuir, tanto laboral como económicamente, y aceptando cumplir con las leyes establecidas. Además, recalcó que es obligación del Gobierno controlar quién entra al país, cómo lo hace y qué actividades realizará una vez dentro de la nación.