En Madrid, el 8 de septiembre, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha alertado sobre la crisis de la vivienda y su impacto en la igualdad de oportunidades. La organización exige la implementación de un “plan urgente” que contemple residencias públicas, ayudas al alquiler y regulaciones sobre precios en las ciudades donde se encuentran las universidades.

Los estudiantes agrupados en esta coordinadora han expresado su preocupación por el aumento del costo de las habitaciones para los estudiantes, que ha escalado un 14% en el último año. Este aumento, que sitúa el promedio del alquiler en unos 600 euros en Barcelona y 550 euros en Madrid, se considera, según sus declaraciones, una "amenaza directa a la igualdad de oportunidades y al acceso a la educación superior".

CREUP señala que, para muchos jóvenes, la decisión de qué universidad elegir no solo depende de su interés académico o de las opciones educativas disponibles, sino de la accesibilidad de los alquileres en cada localidad. Esta situación, lamentan, lleva a que un número significativo de estudiantes se vea obligado a renunciar a sus primeras elecciones, erosionando así el principio de igualdad en el acceso a la universidad.

Además, afirman que las residencias universitarias están casi completamente llenas, con tasas de ocupación que superan el 97%, y en muchos casos, los precios exceden los 1.000 euros al mes. Esta realidad ha hecho que la escasez de plazas públicas combinada con la especulación en el mercado de residencias privadas deje a los estudiantes sin opciones asequibles.

La organización considera "inadmisible" que la actual crisis de la vivienda se haya convertido en una de las principales dificultades para que los estudiantes accedan y se mantengan en la educación pública. Como respuesta a esta crítica situación, CREUP hace un llamado urgente al gobierno para que implemente un plan nacional que amplíe la disponibilidad de residencias públicas, establezca medidas regulatorias efectivas en el mercado del alquiler en ciudades universitarias y aumente las becas y ayudas específicas que mitiguen los altos costos de alojamiento.

La coordinadora concluye que "la crisis habitacional de los estudiantes no puede ser abordada con soluciones parche" y aboga por una colaboración eficaz entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades públicas, con la participación activa del estudiantado. Solo mediante un compromiso sólido y realista se podrá asegurar que la educación universitaria siga siendo una herramienta de movilidad social y no un privilegio para aquellos que pueden asumir esos costos.