La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha expresado su preocupación ante las previsiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el gasto en pensiones. Según Fedea, estas proyecciones son poco plausibles y se basan en supuestos demográficos y macroeconómicos más favorables que los utilizados por otras instituciones.

Por tanto, Fedea advierte que estas proyecciones infravaloran los efectos de la reforma sobre el déficit presupuestario del sistema de pensiones y, por lo tanto, sobre el margen de gasto disponible para otras políticas.

En contraste, Fedea estima que el gasto en pensiones aumentará sustancialmente, llegando a representar alrededor de 1,5 puntos del PIB en promedio entre 2022 y 2050, y superando los 3,5 puntos en 2050.

Esto implica que la condición que activa la cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se cumpliría actualmente, lo que requerirá que se tomen medidas correctivas en la próxima revisión del sistema en dos años, según subraya Fedea.

En su informe, el Ministerio presenta un panorama optimista sobre las perspectivas financieras del sistema de pensiones y sostiene que no sería necesario subir las cotizaciones sociales o tomar otras medidas compensatorias.

Sin embargo, Fedea destaca las principales diferencias entre sus proyecciones y las del Ministerio, particularmente en cuanto al impacto de los incentivos a la jubilación demorada, la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la mejora de las pensiones mínimas.

Además, Fedea advierte que las proyecciones demográficas utilizadas por el Ministerio son más optimistas que las de Eurostat, lo que puede afectar significativamente el gasto en pensiones. También enfatiza los costos económicos, políticos y sociales de activar mecanismos correctivos en caso de desviaciones al alza en las proyecciones de gasto neto.

En resumen, Fedea considera que las proyecciones del Ministerio son excesivamente optimistas y advierte sobre los posibles efectos adversos de confiar en ellas, especialmente en un país como España con divergencia en renta per cápita y productividad en comparación con la UE, y un déficit público estructural elevado.

El organismo también destaca que la capacidad de controlar estas variables es crucial para la credibilidad de un Estado miembro dentro de la Unión Europea y su posición en la toma de decisiones en organismos comunitarios.