CEUTA, 11 de septiembre. La Audiencia Provincial de Cádiz, desde su sede en Ceuta, ha emitido una sentencia este jueves contra Mabel Deu, exvicepresidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y Salvadora Mateos, exdelegada del Gobierno, a raíz de la repatriación ilegal de 55 menores migrantes no acompañados hacia Marruecos en agosto de 2021, tras una crisis migratoria sin precedentes en mayo de ese año.

El fallo ha impuesto a ambas exfuncionarias una inhabilitación especial de nueve años para ocupar cualquier cargo o empleo público. Los jueces han determinado que su conducta contravino tanto la Ley de Extranjería como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, subrayando la gravedad de sus acciones en un contexto tan delicado.

Estos acontecimientos se enmarcan en lo que se conoce como la "crisis migratoria de mayo de 2021", cuando cerca de 10.000 personas, incluyendo aproximadamente 1.000 menores, lograron cruzar desde Marruecos a Ceuta en un lapso de 48 horas, poniendo en jaque a las autoridades locales y nacionales.

Durante el desarrollo del juicio, el Ministerio Fiscal había solicitado una inhabilitación de 12 años para cada una de las responsables, y las acusaciones particulares -representadas por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la Asociación L'Escola- exigieron incluso 15 años. Además, solicitaron la revocación de los honores relacionados con sus cargos, petición que fue finalmente aceptada por el tribunal.

Entre el 13 y el 16 de agosto de 2021, se llevaron a cabo las devoluciones de más de 50 menores marroquíes que habían ingresado a Ceuta, realizándose en grupos de 15 por día. Este proceso se ejecutó sin llevar registros individuales, sin permitir el derecho a la defensa y sin la intervención del Ministerio Fiscal, lo que generó fuertes críticas. La Administración defendió las repatriaciones basándose en un acuerdo bilateral de 2007 entre España y Marruecos, aunque la justicia ha declarado que esto se realizó al margen de la normativa vigente.

En el juicio celebrado en junio, Deu y Mateos argumentaron que actuaron bajo las instrucciones del Ministerio del Interior, responsable de aplicar el acuerdo de 2007. Esto llevó a la presidenta del tribunal, Rosa de Castro, a ordenar un careo entre Deu y Rafael Pérez, entonces secretario de Estado de Seguridad, quien había firmado la orden correspondiente. No obstante, Pérez mostró confusión sobre los detalles de la situación y el documento carecía de firma y sello oficial.

La Fiscalía de Ceuta destacó en el juicio que las administraciones implicadas no buscaron su participación en ningún momento, y el Ministerio Público solo tomó conocimiento de las repatriaciones un día antes de que comenzaran, lo que pone de relieve una alarmante falta de coordinación y transparencia en el manejo de la situación migratoria en esos días críticos.