El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la sentencia de 15 años de cárcel a la extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillen, así como a su marido y exjefe de seguridad del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, por estar envueltos en una red de lavado de dinero y sobornos. Esta noticia es un claro ejemplo más de cómo el régimen chavista ha lucrado de manera deshonesta.

Díaz Guillen, que además de ser extesorera fue enfermera de Hugo Chávez, y Velásquez han sido acusados de lavado de más de 136 millones de dólares (124 millones de euros). Este dinero habría sido recibido de un empresario millonario venezolano, propietario de la cadena Globovisión. La trama incluyó la compra de bonos de la Tesorería Nacional de Venezuela con un tipo de cambio favorable, lo que permitió a Gorrin Belisario ganar cientos de millones de dólares en beneficio.

Esta conspiración se llevó a cabo a través de montos de dinero en efectivo escondidos en cajas de cartón, empresas ficticias en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales supuestamente enviadas por Gorrin en beneficio de Díaz y Velásquez. Además, se incluyó la compra de múltiples jets y yates privados y la financiación de una línea de moda de alta gama creada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida.

El fiscal del distrito sur de Florida, Markenzy Lapointe, ha afirmado que esta sentencia manda claramente el mensaje de que "Estados Unidos no tolerará el uso de sus sistemas financieros para el lavado de dinero de oficiales extranjeros corruptos". Es necesario que se castigue el delito y la corrupción que tanto daño han causado a Venezuela y que se detengan a los responsables.

Gorrin ya fue condenado por estos delitos en agosto de 2018, pero actualmente se encuentra huido de la justicia, residiendo en Venezuela. Por otro lado, Díaz Guillen y Velásquez fueron detenidos en España, donde ambos poseen la doble nacionalidad, además de la venezolana, en 2020. Fueron extraditados al país norteamericano en mayo y octubre de 2022, respectivamente. Ambos habían sido detenidos anteriormente, en abril de 2018, a petición de la Embajada de Venezuela, que emitió una orden de detención contra ambos por delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la "posible vulneración de derechos fundamentales" de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados. Esto demuestra la falta de garantías y la corrupción en el sistema judicial venezolano, y por tanto, la importancia de que sean llevados ante la justicia en otros países.