En una declaración ante la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-1), uno de los dos etarras involucrados afirmó que la cúpula de ETA tuvo la oportunidad de parar el asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997. Según El Mundo, el testigo protegido 001 dijo que "el Comité Ejecutivo podría haber evitado la comisión del asesinato de Miguel Ángel Blanco". Los investigadores también revelaron que los militantes de ETA tenían vía libre para asesinar a policías nacionales, militares o guardias civiles, considerándolos objetivos "permanentes", pero debían consultar al Comité Ejecutivo si pretendían atentar contra políticos o jueces. Además, si se pretendía atacar a traficantes de drogas, también se debía contar con la aprobación de la cúpula.

La banda terrorista emitió un comunicado en 1980 en el que anunciaba que el tráfico de drogas sería uno de sus objetivos y, según el libro "Vidas Rotas", ETA asesinó a 32 personas alegando que se dedicaban al tráfico de drogas.

La declaración del testigo protegido 001 en particular podría ser relevante en la causa abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer el papel de los jefes de ETA. En marzo de 2022, el juez Manuel García Castellón acordó reabrir la investigación después de admitir una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que acusaba a los jefes de la banda en el momento de los hechos: José Javier Arizcuren Ruiz, alias "Kantauri"; Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias "Iñaki de Rentería"; Juan Carlos Iglesias Chouzas, "Gadafi"; Asier Oyarzabal, alias "Baltza"; María Soledad Iparraguirre, "Anboto"; Miguel Albisu Iriarte, "Mikel Antza"; Vicente Goicoechea "Willy"; Jokin Echevarria y Carlos Ibarguren "Nervios".

Los exmilitantes de ETA, testigos protegidos 001 y 002, proporcionaron a los investigadores información sobre "la estructura, el funcionamiento y la composición de las estructuras directivas de la organización terrorista" y revelaron hasta 12 nombres de jefes de ETA que habrían estado al mando en épocas en las que se produjeron atentados relevantes. Según ellos, estos jefes debían dar luz verde para atacar objetivos políticos. Los 12 nombres incluyen a José Antonio Urrutikoetxea, alias "Josu Ternera"; Santiago Arróspide, alias "Santi Potros"; Eugenio Etxebeste Arizkuren, alias "Antxon"; José Javier Zabaleta, alias "Baldo"; Francisco Múgica Garmendia, "Pakito"; Domingo Iturbe, "Txomin"; Mikel Albisu Iriarte, "Mikel Antza"; Ignacio de Gracia Arregi, "Iñaki de Rentería"; José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Javier García Gaztelu, "Txapote"; Julián Achurra Egurola, "Pototo"; y María Soledad Iparraguirre, "Anboto".

Los etarras testificaron que debían contar con la autorización de la cúpula para perpetrar los asesinatos de políticos, lo cual podría ser una prueba fundamental para demostrar la autoría mediata en casos como el de Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez. El juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, indaga en la presunta participación de la cúpula de ETA en el asesinato en enero de 1995 del concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez y ha citado a los dos etarras para que ratifiquen en sede judicial lo que dijeron ante la Guardia Civil.

La testifical de los dos etarras ya se ha incorporado a la investigación del caso de Gregorio Ordóñez. La Asociación Dignidad y Justicia presentó un escrito ante la Audiencia Nacional solicitando que se hiciese copia testimoniada para que se incorporara al resto de causas abiertas en la Audiencia Nacional que indagan en la posible responsabilidad penal de la cúpula en determinados atentados de ETA. Los dos testigos fueron exmilitantes de ETA que permanecieron en la banda en diferentes épocas (uno de ellos en los años 80 y el otro en los años 90 y principios del 2000).