En un importante avance en las relaciones entre España y Marruecos, ambos países han formalizado la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, un acuerdo que data de abril de 2022. Sin embargo, han pasado por alto temas críticos, tales como la delimitación de las aguas territoriales frente a Canarias y la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que aún permanecen sin resolver en esta nueva fase de cooperación bilateral.

Este desarrollo se dio a conocer durante la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN), celebrada en Madrid bajo la dirección del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch. El encuentro culminó con la emisión de un exhaustivo documento conjunto de 23 páginas, que abarca 119 puntos y la firma de catorce acuerdos en diversas áreas, pero que omite detalles clave sobre los temas más controvertidos.

Según el comunicado oficial, únicamente se menciona el asunto de las aduanas en el punto 61, el cual destaca la satisfacción de ambas partes por la implementación de la cooperación aduanera estipulada en la hoja de ruta acordada hace casi dos años. Este acuerdo fue fundamental para poner fin a una crisis diplomática provocada por la llegada a España del líder del Polisario, Brahim Ghali.

El acuerdo inicial establecía que la normalización del tráfico de personas y mercancías se llevaría a cabo de manera ordenada, lo cual incluye controles aduaneros a nivel terrestre y marítimo. Sánchez destacó que, como parte de este proceso, Marruecos accedía a reabrir la aduana de Melilla, que había sido cerrada unilateralmente en 2018, y se comprometía a abrir una nueva aduana en Ceuta.

A pesar de que ambos pasos se han llevado a cabo parcialmente desde principios de este año y que las aduanas técnicamente están operativas, los comerciantes de las ciudades autónomas expresan su descontento por la falta de seguridad jurídica y el funcionamiento inadecuado del sistema aduanero. Hasta la fecha, las importaciones y exportaciones siguen siendo mínimas.

El encuentro bilateral ha sido presentado como un hito en la relación bilateral, otorgando a los gobiernos la impresión de que han resuelto cualquier inconveniente relacionado con las aduanas. Tanto España como Marruecos han subrayado que su objetivo es poner fin al comercio irregular y a las 'porteadoras' que operan en la región.

A pesar de la enunciación de los acuerdos, la declaración no hace mención a la crítica cuestión de las aguas territoriales en el Atlántico ni sobre el espacio aéreo del Sáhara, lo que resulta preocupante dado que ambas temáticas están incluidas en la hoja de ruta previamente acordada.

Esta omisión es particularmente inquietante para Canarias, que ve en la delimitación de aguas una amenaza a su soberanía, especialmente porque estas incluyen el Sáhara Occidental, un territorio con una clara situación de descolonización pendiente según la ONU. Además, la gestión del espacio aéreo de esa región sigue perteneciendo a España a través de Enaire.

El Gobierno canario había expresado su inquietud respecto a posibles concesiones que beneficiaran a Marruecos en detrimento del archipiélago. El presidente Fernando Clavijo insistió en la necesidad de contar con representación canaria en la reunión, algo que no se llevó a cabo. "No es aceptable", afirmó el líder canario, señalando que estaban tomando nota sobre la situación para futuras discusiones.

El temor a un acuerdo que favorezca a Marruecos se reavivó con un artículo de 'Atalayar', un medio próximo a la monarquía alauí, que sugería que un pacto sobre la delimitación de aguas y el Monte Tropic sería beneficioso para ambos países. Este contenido fue amplificado por la prensa marroquí y considerado como un intento de hacer que las demandas de Rabat sean más visibles, incluyendo la mención del espacio aéreo.