MADRID, 30 de enero. El Gobierno español ha tomado una posición firme al exigir a Israel que suspenda las recientes leyes que obstaculizan el funcionamiento de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en los Territorios Palestinos Ocupados. Esta solicitud se acompaña de una seria preocupación respecto al impacto que las restricciones puedan tener en la ya precaria situación humanitaria de la Franja de Gaza.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se ha manifestado que "el Gobierno rechaza la entrada en vigor de las leyes de la Knesset que impiden las operaciones de UNRWA en los Territorios Palestinos Ocupados, y reclama la suspensión de su aplicación"." En el contexto actual, España se presenta como un defensor activo de la labor humanitaria en la región.

El ejecutivo ha expresado su "más profunda preocupación" acerca de cómo esta decisión israelí podría complicar aún más las condiciones humanitarias en Gaza y en el resto de los Territorios Palestinos Ocupados, señalando que tal situación podría poner en riesgo el alto el fuego que se estableció el 19 de enero. Este posicionamiento es una clara indicación de su compromiso con la estabilidad y la paz en la región.

Además, el Gobierno ha reafirmado que "UNRWA es esencial e insustituible para la vida de los 6 millones de refugiados a los que presta servicios esenciales, y para la estabilidad regional". En reiteradas ocasiones durante los últimos meses, las autoridades españolas han dejado claro que "España apoya firmemente su labor", lo que refleja un alineamiento con los principios humanitarios que rigen el trabajo de esta agencia.

Es importante señalar que el Parlamento israelí aprobó en octubre del año pasado dos proyectos de ley que buscan prohibir las actividades de UNRWA dentro del país y en Jerusalén Este, un territorio que ha estado bajo ocupación desde 1967. Esta acción ha sido recibida con desaprobación por parte de la comunidad internacional, que mayoritariamente apoya que esta zona de la ciudad sea designada como la capital del futuro Estado de Palestina.

Entre las leyes aprobadas, una establece que la UNRWA sea catalogada como una organización "terrorista", prohibiendo a los funcionarios israelíes cualquier tipo de contacto con la misma, ya sea directa o indirectamente. La otra norma restringe al organismo la prestación de servicios dentro de Israel, complicando así su capacidad para llevar a cabo labores humanitarias en los Territorios Ocupados Palestinos y acentuando la urgencia de la respuesta internacional a esta problemática.