España acumula 12 años sin regular los lobbies, incumpliendo recomendaciones del GRECO
España cierra otra legislatura sin regular los lobbies, incumpliendo recomendaciones del GRECO y la UE, con más de una década de retrasos en transparencia.
España concluyó esta semana una legislatura sin haber aprobado una normativa que regule la influencia de los grupos de interés en la política. A pesar de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la Unión Europea, el país lleva más de una década sin establecer controles efectivos sobre estas actividades.
Desde 2014, el GRECO ha solicitado a España implementar un registro público de 'lobbies' y aumentar la transparencia en las reuniones de los parlamentarios con grupos de interés. Sin embargo, los avances han sido mínimos y las obligaciones existentes, como la publicación de agendas, siguen siendo insuficientes y no se han regulado los aspectos clave de la actividad lobista.
Este retraso tiene implicaciones políticas y de confianza pública. La falta de regulación dificulta la percepción de transparencia en la toma de decisiones y favorece la percepción de influencias ocultas en la política. La ausencia de una regulación efectiva también limita la capacidad de control y prevención de posibles conflictos de interés.
En el ámbito parlamentario, si bien se han adoptado algunos códigos de conducta, estos no regulan de manera efectiva la actividad de influencia. La propuesta de reforma del Reglamento del Congreso, que contemplaba la creación de un registro de grupos de interés, nunca llegó a debatirse por la disolución de las Cortes. El proyecto de Ley de transparencia, presentado en 2025, tampoco avanzó debido a la falta de acuerdo entre los grupos políticos.
Por otro lado, el Gobierno intentó sortear el bloqueo mediante un real decreto-ley en agosto de 2025, pero fue derogado en septiembre por el Congreso. Durante el período en que estuvo vigente, más de 250 entidades inscribieron sus actividades en un registro estatal, aunque su gestión quedó en manos de una autoridad independiente para garantizar mayor transparencia futura.
El contexto político y la fragmentación del Parlamento dificultan la aprobación de una regulación sólida. Sin embargo, el incumplimiento de las recomendaciones internacionales puede afectar la credibilidad institucional y la lucha contra la corrupción. La futura legislación y la voluntad política serán clave para revertir esta tendencia.