Una encuesta realizada por la Campaña Mundial por la Educación (CME) en España revela que el 70% de los docentes considera que los discursos de odio están aumentando la crispación en las aulas, y uno de cada cuatro cree que afectan negativamente a la salud mental de los estudiantes. Los resultados, obtenidos de más de 150 educadores de trece comunidades autónomas, reflejan la difícil realidad a la que se enfrentan los profesores ante esta problemática.

Las organizaciones sociales advierten que los discursos de odio, que se basan en estereotipos y prejuicios relacionados con la raza, la religión o el género, tienen el potencial de alimentar la violencia y fomentar ideologías extremistas. Según la CME, el último informe PISA muestra que solo un 7% del alumnado tiene la capacidad de distinguir entre hecho y opinión, lo que los hace vulnerables a la influencia de estos discursos a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

El 65% de los docentes encuestados señala a las redes sociales y los medios de comunicación como instrumentos clave en la difusión de mensajes de odio, con impactos negativos en el comportamiento y la mentalidad de los estudiantes. Preocupa especialmente la radicalización y polarización en las aulas, así como las consecuencias en la salud mental de los jóvenes, tales como la falta de autoestima y el aumento de la agresividad y el conflicto.

Ante este panorama, se demandan talleres de educación en valores y promoción de una cultura de paz para empoderar a los jóvenes y dotarles de las herramientas necesarias para resistir y combatir los discursos de odio. La educación se presenta como la mejor defensa, pero se insiste en que esta responsabilidad no recae únicamente en los educadores, sino en toda la sociedad, incluyendo la educación en el hogar.

La CME ha elaborado una serie de peticiones dirigidas a las administraciones educativas españolas, instándolas a formar al personal educativo en la lucha contra los discursos de odio, integrar esta lucha en los objetivos pedagógicos, capacitar a los alumnos y contar con su participación activa. También se reclama la elaboración de protocolos específicos y un mayor número de recursos humanos formados para abordar esta problemática de manera efectiva.