El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tomado una decisión significativa al desestimar el recurso presentado por Airbnb, ordenando así la eliminación de 5.800 anuncios que no cumplen con la legalidad. Esta noticia fue anunciada el pasado jueves por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

En un recentísimo auto, el tribunal reafirma su postura anterior al exigir que la famosa plataforma retire esos anuncios que, según la normativa, son considerados ilegales. Bustinduy comentó sobre este tema tras una reunión del Consejo Territorial de Derechos Sociales llevada a cabo en el Imserso, resaltando que una vez más Airbnb ha perdido en su intento de anular esta decisión.

Los anuncios afectados incluyen propiedades turísticas en varias comunidades autónomas como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco, lo que indica una intervención de amplio alcance en el sector del alquiler turístico.

El ministerio ha señalado que existen tres infracciones claras que han motivado la actuación del tribunal: la falta de un número de licencia para operar como alojamiento turístico, el uso de números de licencia que no corresponden a los emitidos por las autoridades, y la ausencia de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores.

El ministro Bustinduy destacó la importancia de esta decisión, afirmando que subraya un principio fundamental: ninguna empresa está por encima de la ley en España. Denunció la existencia de corporaciones e inversores que se benefician a expensas del derecho a la vivienda que poseen millones de familias en el país.

En ese sentido, Bustinduy reiteró su compromiso de trabajar con las administraciones competentes para erradicar la ilegalidad y el descontrol en los alojamientos turísticos, apuntando hacia un objetivo más amplio: facilitar el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores.

En mayo, el ministerio ya había instado a Airbnb a que bloquease cerca de 66.000 anuncios ilegales de propiedades turísticas. Esta reciente retirada de anuncios es solo la primera de tres fases establecidas por el Ministerio para abordar esta situación.

Respecto a las futuras acciones, Bustinduy expresó que confía en obtener resultados similares, considerando que si la empresa ha decidido recurrir, sus argumentos no han cambiado y su viabilidad legal sigue siendo cuestionable.