Varias organizaciones han solicitado la anulación del nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, alegando que sus opiniones podrían considerarse discriminatorias hacia las mujeres trans. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha decidido no abordar el caso, puesto que García fue removida de su puesto el pasado julio, lo que hace innecesaria la discusión sobre su idoneidad.

La impugnación presentada por la Plataforma por los Derechos Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas cuestionaba el real decreto del 27 de diciembre de 2023 que designaba a García. Según los demandantes, la profesional no poseía las credenciales adecuadas y, además, había manifestado opiniones que desmerecían a las mujeres trans, lo que, según ellos, la hacía inadecuada para liderar un organismo dedicado a las mujeres.

Las asociaciones defendían que la salida de García, a quien consideraban incompetente y con escasa formación, podría ser beneficioso para su causa. Insistían en que su enfoque era desfasado y no reconocía las realidades y dificultades que enfrentan diversas mujeres en la sociedad actual.

Mientras tanto, la Abogacía del Estado argumentaba en contra del recurso, alegando que las organizaciones carecían de base legal para impugnar el nombramiento debido a la falta de relación entre sus objetivos y las funciones que desempeña la dirección del Instituto de las Mujeres. En su defensa, subrayaron que las políticas relacionadas con los derechos LGTBI no estaban dentro del ámbito de competencia de este instituto.

Además, la Abogacía del Estado defendía que Isabel García contaba con la preparación necesaria para el cargo, sosteniendo que las quejas acerca de sus supuestas opiniones discriminatorias eran irrelevantes y no afectaban la legalidad del nombramiento.

Justo durante el avance del caso en el tribunal, García fue cesada tras las controversias surgidas por contratos que había obtenido, junto a su pareja, en administraciones locales gobernadas por el PSOE para gestionar iniciativas específicas. Ante esto, la Abogacía solicitó que se declarara la invalidez del recurso por la pérdida de objeto, pero las organizaciones insistieron en la necesidad de declarar la ilegalidad del nombramiento.

Finalmente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha respaldado las afirmaciones de las asociaciones, reconociendo su legitimidad para recurrir la designación de García, dado que había una conexión entre sus intereses y las funciones del Instituto. Sin embargo, el tribunal concluyó que la remoción de García significaba que el caso ya no tenía objeto, sin entrar en detalle sobre las razones de su cese y reconociendo su tiempo de servicio en el mandato del real decreto que la destituyó.