El Tribunal de Cuentas ha descubierto graves fallos en la aplicación informática utilizada para gestionar las pensiones, prestaciones y ayudas a los emigrantes españoles. Estas deficiencias, señaladas en el Informe de fiscalización de la gestión de las pensiones, prestaciones y ayudas en el ejercicio 2021, aprobado por el Tribunal, impiden la solicitud telemática y dificultan el control automatizado de expedientes, así como el registro de ayudas asistenciales extraordinarias y programas de subvenciones.

Según el documento, estas acciones en favor de los emigrantes tienen como objetivo proporcionar un nivel mínimo de protección a los ciudadanos españoles en el extranjero en situaciones de necesidad, garantizando sus derechos económicos, sanitarios y sociolaborales, y apoyando su integración e, incluso, su regreso a España.

En el año 2021, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) incluía a más de 2,5 millones de personas registradas, de las cuales aproximadamente 21.300 recibieron algún tipo de ayuda por un valor de casi 52 millones de euros.

De esta cantidad, 29,6 millones de euros se destinaron a prestaciones por razón de necesidad, beneficiando a más de 11.000 personas. El 74% de estos beneficiarios residían en Venezuela y Argentina. Además, se destinaron 7 millones de euros a pensiones asistenciales por ancianidad para españoles que regresaron a su país de origen y 6,7 millones de euros para prestaciones de asistencia sanitaria.

En relación con las pensiones asistenciales por ancianidad a los españoles retornados, el informe señala un "considerable retraso" en su resolución y concesión, llegando hasta los 21 meses en algunos casos.

Además, se detecta el riesgo de percepciones indebidas, ya que la Dirección General de Migraciones no tiene acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, lo que dificulta la verificación de posibles prestaciones recibidas y su compatibilidad.

En vista de estos problemas, el Tribunal de Cuentas recomienda la modificación de la aplicación informática, un mayor control de las posibles incompatibilidades mediante el envío de información al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, así como la mejora de la tramitación y aprobación de los pagos en el extranjero. También sugiere revisar los actuales convenios de asistencia sanitaria y modificarlos al momento de su vencimiento.