En una reciente decisión que podría alterar la gestión de la fauna salvaje en España, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido aceptar el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, que impugna varias disposiciones de la ley destinada a prevenir el desperdicio de alimentos y que, de facto, permitiría la caza del lobo. Este movimiento se produce en un contexto en el que la Unión Europea ha comenzado a aflojar las restricciones sobre la protección de esta especie.

Durante la sesión del Pleno del TC, celebrada el pasado martes, se abordó la ponencia del magistrado Juan Carlos Campo, conocido por su orientación progresista, quien sugirió que se procediera a un análisis más profundo del recurso presentado. Este acto da luz verde a un estudio que podría tener importantes repercusiones para la conservación del lobo en el país.

El recurso del Defensor del Pueblo es específico y se basa en tres disposiciones clave: la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena. A juicio de la institución, las primeras disposiciones infringen el artículo 45 de la Constitución, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano, y la tercera disposición atenta contra el 24.1, que asegura la tutela judicial efectiva.

Particularmente, la disposición adicional octava menciona que se podrán conceder permisos excepcionales para la caza de lobos, así como de otras especies depredadoras categorizadas bajo la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esto, a juicio del Defensor, queda sujeto a términos demasiado vagos, lo que complica la justificación de tales acciones y podría abrir la puerta a abusos en la gestión de la fauna.

Por otro lado, la disposición transitoria única prevé la eliminación del lobo del listado de especies protegidas al sur del río Duero si hay cambios en su protección a nivel europeo. El Defensor del Pueblo ha criticado este aspecto, resaltando que no se tomarán en cuenta los datos sobre la conservación ni la vulnerabilidad de las poblaciones de lobo, ni se evaluará su papel ecológico en el equilibrio de los ecosistemas locales.

La disposición final decimonovena, que también propone la exclusión del lobo al norte del Duero de la lista de especies protegidas, ha sido objeto de crítica por parte del Defensor, quien argumenta que falta la justificación técnica y científica necesaria para respaldar esa medida, lo que pone en entredicho su validez constitucional.

Desde que el Gobierno español incluyera al lobo en un régimen de protección en 2021, se ha suscitado un intenso debate sobre su conservación. La controversia se ha incrementado tras la reciente aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario en el Congreso, en la que el enfoque para la gestión de esta especie ha quedado cada vez más en la mira, especialmente con la inminente obligación de remitir un informe a la UE sobre su estado.

A pesar de que la nueva ley facilitaría la caza del lobo, si la especie es considerada en un estado 'desfavorable', eso podría limitar las acciones de gestión en su contra. Curiosamente, el estudio del informe sobre la especie se estaba preparando para coincidir con la sesión del Pleno del TC.

Sin embargo, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debía analizar esta cuestión de forma más amplia, fue cancelada recientemente, a raíz de una solicitud de desconvocatoria presentada por una plataforma que defiende la biodiversidad en la Cordillera Cantábrica. Esto ha generado más preocupación entre los conservacionistas, que ven esto como un intento de limitar el debate democrático sobre el futuro del lobo en España.

Como respuesta, la mencionada asociación ha instado al Defensor del Pueblo a solicitar medidas cautelares para detener cualquier acción que implique la caza de lobos hasta que se resuelva la situación legal actual. No obstante, el Defensor del Pueblo no incluyó tal solicitud en su recurso inicial, lo que ha llevado a que el Tribunal Constitucional aún no se posicione respecto a este asunto delicado.