El Tribunal Constitucional se prepara para abordar esta semana la controversia en torno a la amnistía, con la mirada puesta en el recurso presentado por Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña. Esta situación se origina tras la negativa del Tribunal Supremo a concederle la amnistía por el delito de malversación, según información obtenida de fuentes jurídicas que ha difundido Europa Press.

El Pleno del Tribunal Constitucional se dirigirá hacia la admisión del recurso de Puigdemont, así como de otros ex consejeros, después de que en la sesión anterior se desestimaran diversas recusaciones dirigidas contra varios magistrados, incluidos el presidente Cándido Conde-Pumpido. Esto ocurrió con el fin de apartarlos de las deliberaciones sobre los recursos de amparo relacionados con la amnistía.

Así, se ha decidido aceptar a trámite todos los amparos presentados a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía a la malversación, puesto que estos actos se consideran dentro de las excepciones que la misma normativa estipula: por un lado, cuando hay un beneficio personal o patrimonial y, por otro, cuando se ven afectados los intereses económicos de la Unión Europea.

El Constitucional ya había admitido los amparos de otras figuras relevantes, como Oriol Junqueras y varios ex consejeros, por lo que la atención ahora se centra en Puigdemont y sus secuaces. Este proceso se había dilatado debido a la controversia generada por las apelaciones de los mencionados contra ciertos magistrados.

Una vez que se admita el recurso, el Tribunal deberá tomar decisiones adicionales sobre las medidas cautelares. Esto implica que Junqueras y otros condenados buscan la suspensión de sus penas de inhabilitación, mientras que Puigdemont y Comín pretenden que se anulen las órdenes de detención existentes en su contra. Aunque la solicitud de estas medidas es común, la costumbre indica que existen pocas probabilidades de que sean concedidas.

Los fallos sobre las solicitudes de amparo, especialmente en cuestión de si el Tribunal Supremo debió amnistiar los delitos de malversación relacionados con el 'procés', representan un desafío significativo que el Constitucional ha tenido sobre la mesa desde su primer juicio sobre esta ley, el pasado junio.

Las fuentes advierten que, aunque se espera un análisis más profundo de la malversación y su relación con la amnistía, un primer esbozo podría surgir de la próxima sentencia relacionada con un recurso de inconstitucionalidad presentado por las Cortes de Aragón.

Este recurso, que se centra en la interpretación de la ley de amnistía y su alcance, ha despertado críticas debido a su enfoque superficial, que no se espera tenga un impacto directo en la actualidad de los líderes independentistas.

El texto argumenta que la exclusión de ciertos hechos relacionados con los intereses económicos de la UE, en contradicción con la posibilidad de amnistiar delitos de malversación sin propósito de enriquecimiento, plantea serias dudas sobre su constitucionalidad.

La magistrada Laura Díez había preparado una versión inicial que apoyaba la posibilidad de amnistía para casos de malversación, aunque dicha propuesta no logró el respaldo necesario debido a que algunos miembros del Tribunal la consideraron prematura.

El Pleno, que iniciará sus deliberaciones el 7 de octubre, también evaluará un asunto relacionado con la inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre un caso de personas condenadas por desórdenes públicos en Girona, lo que añade otra capa de complejidad a lo que está en juego.

De hecho, el presidente del Tribunal Constitucional ya ha anticipado que la decisión se alineará con la doctrina establecida en junio, aunque reconoció que algunos aspectos darán la razón al Tribunal Supremo.

Por último, Conde-Pumpido no ofreció plazos exactos para la conclusión de esta serie de fallos, aunque hizo hincapié en que se prolongarán por varios meses y expresó su deseo de que se resolviera antes de la llegada del verano.