En una medida que refleja el creciente enfrentamiento entre el Senado y el Gobierno español, el Senado ha decidido presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Esta acción fue impulsada por el Partido Popular (PP), que denuncia que el Ejecutivo no ha cumplido con su deber constitucional de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondiente a 2026. Según fuentes cercanas, los 'populares' buscan anular las prórrogas presupuestarias vigentes.

La votación favorable a este conflicto tuvo lugar hace dos meses, cuando la mayoría del PP en el Senado hizo valer su poder para exigir al Ministerio de Hacienda que entregue los presupuestos a la brevedad. Esta decisión se toma en un contexto donde el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha sido criticado por su falta de acción en este terreno.

El protocolo para estos conflictos considera que el Pleno del Senado, que ya se pronunció sobre este tema, tiene la facultad de remitirlo al Ejecutivo. El Gobierno tenía un mes para responder o podía optar por no hacerlo, lo cual equivaldría a una aceptación tácita de la situación. Sin embargo, a la fecha, la respuesta del Gobierno no se ha materializado, lo que ha llevado al Senado a escalar la cuestión al Tribunal Constitucional.

El texto elaborado por el PP subraya que el Senado no puede permitir un incumplimiento tan significativo de las obligaciones constitucionales del Gobierno, al que se le recuerda su deber ineludible de presupuestar. Según los 'populares', la falta de presentación de los presupuestos no puede ser justificada y es un acto que compromete la integridad del sistema legislativo.

El PP también ha manifestado preocupación por la "modificación fraudulenta" de partidas presupuestarias sin el debido control parlamentario, lo que ellos consideran contrario a los principios de legalidad. En este sentido, citan precedentes alarmantes, sugiriendo que la situación que se vive actualmente, con presupuestos prorrogados desde 2023, recuerda a los días oscuros de 2020, cuando el Gobierno dejó sin presupuesto el año correspondiente debido a la crisis sanitaria.

El partido argumenta que no existe justificación para la falta de unos nuevos presupuestos y señala que la incapacidad de negociar con otras fuerzas en el Parlamento no puede ser excusa para no cumplir con las obligaciones constitucionales. De este modo, insisten en que los motivos políticos no deben prevalecer sobre el deber que tiene el Gobierno de presentar y aprobar los presupuestos.

Por lo tanto, el Senado ha solicitado al Tribunal Constitucional que determine que el Gobierno ha violado el derecho del Senado a participar en el proceso presupuestario, así como que declare nulas las prórrogas dispuestas para 2024, 2025 y, si se aplica, para 2026. Además, se espera que el Tribunal se pronuncie sobre las implicaciones jurídicas que han surgido de esta falta de cumplimiento y que estipule un plazo para que el Ejecutivo atienda sus obligaciones en cuanto a los presupuestos.