En el contexto de las elecciones autonómicas, Vox ha incrementado su representación en la Asamblea de Extremadura, logrando este domingo un total de once escaños, lo que supone un crecimiento notable respecto a los cinco diputados obtenidos en 2023. La presidenta de la región, María Guardiola, se verá obligada a buscar nuevamente el respaldo del partido liderado por Santiago Abascal para llevar a cabo su gobierno.

La entrada de Vox en la política extremeña comenzó en 2023, cuando logró un 8,14% de votos. Aunque el partido había intentado posicionarse en las elecciones de 2019, aquel esfuerzo fue infructuoso, al conseguir solo un 4,71% de los sufragios sin representación en el parlamento. Sin embargo, las proyecciones para estas recientes elecciones eran optimistas, con encuestas sugiriendo un crecimiento significativo, lo que eventualmente se tradujo en su nuevo éxito electoral, a pesar de contar con un candidato relativamente desconocido, Óscar Fernández.

Santiago Abascal ha estado muy presente durante la campaña, participando en numerosos eventos desde que se convocaron las elecciones a principios de diciembre. Sin embargo, no estuvo presente en Mérida la noche electoral, recibiendo los resultados en la sede central de su partido en Bambú.

La relación entre Vox y el Partido Popular (PP) en Extremadura ha sido tensa desde las pasadas elecciones, cuando Guardiola rechazó inicialmente un pacto con Vox, citando razones de carácter moral en relación con las posturas de la formación. A pesar de ello, esta legislatura ha estado marcada por constantes tensiones y negociaciones difíciles, que culminaron en la disolución del parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

Guardiola se había propuesto alcanzar la mayoría absoluta de 33 escaños para poder gobernar sin la necesidad de Vox, lo que la llevó a incitar las elecciones. Durante la campaña, tanto ella como Abascal intercambiaron acusaciones y críticas personales, lo que refleja la intensa rivalidad entre ambos líderes. En un intercambio de declaraciones, Guardiola acusó a Abascal de actuar como un "turista" en la política extremeña, mientras que él, al cierre de su campaña, dio a entender que podría estar dispuesto a un pacto, dejando abierta la posibilidad de una futura colaboración.

A lo largo de la campaña, Vox dejó claro que sus condiciones para un acuerdo con el PP serían firmes, en consonancia con exigencias previas en otras comunidades. Principalmente, Abascal demandó el rechazo de políticas que consideran perjudiciales, como aquellas que fomentan la inmigración ilegal o que respaldan el gasto público innecesario. En particular, para Extremadura, Fernández ha abogado por el cierre de un albergue para migrantes y ha insistido en la necesidad de proyectos agrícolas que beneficien a los varones.

La estrategia de Vox en esta contienda se centró en distinguirse del PP, denunciando la incoherencia de sus mensajes. En este sentido, el partido utilizó la situación de los presidentes autonómicos del PP que han negociado con Vox en otras regiones, mientras que Guardiola se oponía a cualquier acuerdo. Esta disparidad le sirvió a Vox para criticar el elevado costo de los nuevos comicios.

Además, el partido ha intentado conectar con el electorado rural, prometiendo defender los intereses de la agricultura y la ganadería, sectores claves para la economía extremeña, y criticando las regulaciones del Pacto Verde europeo que, según ellos, imponen restricciones innecesarias a los trabajadores del campo.

Vox se ha presentado como una alternativa al bipartidismo, señalando la responsabilidad que atribuyen al PP y al PSOE por los problemas que sufre la región. Durante la campaña, abordaron el deterioro de los servicios públicos y el aumento de la inseguridad, cuestiones que vinculan a la inmigración y que resuenan en las preocupaciones diarias de los ciudadanos.

En un clima político tenso, Vox ha tratado de capitalizar los escándalos de presunta corrupción que salpican al PSOE y su relación con el gobierno de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, han vinculado al PP con casos de corrupción, como los conocidos 'Gürtel' y 'Púnica', argumentando que ambas formaciones son responsables de la situación actual en Extremadura.

No obstante, Vox también ha enfrentado su propio conjunto de controversias, incluyendo denuncias relacionadas con la gestión de organizaciones vinculadas a su ideología. Miembros del partido han alegado irregularidades en la recogida de donaciones para desastres naturales, mientras que la dirección de Revuelta contraataca acusando a Vox de manipular los hechos para tomar control de la organización.

Al final de la campaña, surgieron acusaciones graves contra un exdirigente de Vox, que fue denunciado por agresión. Esta situación provocó su dimisión y ha sido utilizada por la adversidad como un intento de daño a la imagen de Vox, lo que Abascal ha descrito como parte de un ataque coordinado por sus opositores para obstaculizar su ascenso político en la región.