En un nuevo capítulo del escándalo en torno al 'caso hidrocarburos', el PSOE ha solicitado a la Audiencia Nacional que no convoque al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ni a la exmilitante Leire Díez para que declaren. Según el partido, tal comparecencia sería considerada como "inútil" e "innecesaria", como se ha informado recientemente.

Este pedido fue presentado en un documento que maneja Europa Press, donde los socialistas argumentan en contra de que tanto el ministro como la exmilitante, implicada por supuestos favores a cambio de información contra la Guardia Civil y la Fiscalía, se presenten ante el juez instructor, Santiago Pedraz.

A juicio del PSOE, la solicitud de la organización Hazte Oír para que Torres hable sobre el petróleo venezolano es meramente una "ocurrencia". En cuanto a la petición de que Díez declare, argumentan que no aportará información relevante sobre las irregularidades tributarias que están en el centro de la investigación.

El partido sostiene que las diligencias solicitadas son superfluas y no contribuirán al desarrollo de la investigación judicial. Así lo expresa en su escrito, donde enfatizan que tales acciones son ajenas al objeto de una causa que ya ha avanzado considerablemente, y que se enfoca en los delitos contra la Hacienda Pública vinculados a empresas de hidrocarburos, sin que exista ninguna sospecha sobre la concesión de licencia a Villafuel S.L.

Además, el PSOE critica que estas solicitudes se basen en meras informaciones periodísticas, que parece que solo buscan oscurecer la ya de por sí compleja instrucción con objetivos mediáticos y políticos.

Este rechazo del PSOE ha sido contrarrestado por Hazte Oír, que representa a las acusaciones en el caso. En un documento separado, la organización dejó claro que la mayoría de las otras acusaciones, excepto el PSOE, están a favor de que se lleven a cabo las diligencias solicitadas por su parte.

La causa que investiga la Audiencia Nacional revela una presunta operación diseñada por la empresa Villafuel para eludir el IVA en el sector de los hidrocarburos, en la que se menciona al empresario Víctor de Aldama, reconocido como un presunto intermediario en el famoso 'caso Koldo'.