El próximo 11 de julio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) llevará a cabo una nueva Comisión Sectorial de Medio Ambiente, después de que decidiera retirar de la agenda el debate sobre el informe sexenal del lobo, una solicitud previamente enviada por carta por 11 comunidades autónomas debido a la falta de tiempo para analizar la documentación necesaria.

Las comunidades que han firmado esta carta son Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, además de Ceuta y Melilla.

Según un comunicado emitido por la Xunta de Galicia, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha cambiado su postura y ha confirmado que en la nueva reunión del 11 de julio se abordará el informe sexenal del lobo correspondiente al periodo 2019-2024, previo a su posible aprobación en una rubrica sectorial futura, conforme a lo estipulado en la Ley de Desperdicio Alimentario.

Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, ha expresado en declaraciones a Europa Press que la reunión matutina anterior tuvo un ambiente tenso y poco respetuoso, con desacuerdos y discusiones acaloradas, especialmente con ciertas comunidades autónomas.

Además, Martín ha criticado la actuación de Morán, quien, según ella, abandonó la reunión y demostró una “falta de respeto e institucionalidad” al no enviar la documentación a tiempo, lo cual generó confusión durante la sesión al recibir información de otras fuentes mientras discutían.

La vicesecretaria ha puesto en tela de juicio la afirmación del Gobierno sobre la existencia de 500 manadas de lobos necesarias para garantizar su viabilidad genética, sin haber proporcionado un informe científico que respalde dicha afirmación.

Martín sostiene que no se pueden elaborar informes ajustados a intereses particulares, lo que, a su juicio, está ocurriendo en este caso debido a la agenda ideológica del Gobierno.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha argumentado que la cifra de 500 manadas parece ser parte de un esfuerzo del Gobierno por evitar que los lobos sean gestionados por las comunidades autónomas.

Suárez-Quiñones ha enfatizado que su administración cuenta con informes de expertos que demuestran la evolución positiva de la situación, rechazando cualquier informe que carezca de credibilidad científica y que no les permita analizarlo adecuadamente.

El consejero también ha señalado que el Ministerio no se ha hecho presente en el terreno para evaluar la situación, la cual considera insostenible, alegando que el gobierno central no ha cumplido con los compromisos adquiridos.

En una reflexión más amplia, Paloma Martín ha destacado la importancia de que el Gobierno respalde a los ganaderos que cuidan sus rebaños, que están expuestos constantemente a la amenaza de los lobos, los cuales ocasionan la muerte de más de 15.000 animales al año.

Finalmente, ha recordado que la Ley de Desperdicio Alimentario incluía medidas de control sobre las manadas de lobos, basadas en decisiones recientes de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, así como en enmiendas a la Directiva de Hábitats y el Convenio de Berna, subrayando que el Gobierno no puede ir en contra de la corriente de decisiones a nivel europeo.