El juez Peinado se jubila tras cerrar un caso mediático contra Begoña Gómez

El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado número 41 de Madrid, se despide de su carrera judicial tras cumplir 72 años. Antes de su jubilación, ordenó el inicio de un juicio contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos relacionados con irregularidades en contrataciones y avales. La investigación, que duró dos años, estuvo marcada por revisiones y avales de tribunales superiores.

Peinado, en activo desde 1994 y con una trayectoria que incluyó destinos en Ávila, Toledo, Albacete y Getafe, centró su última etapa en casos de alta repercusión política y mediática. La causa contra Gómez se inició en abril de 2024, tras una denuncia de Manos Limpias, y abarcaba delitos como malversación y tráfico de influencias, con una acusación que solicitaba penas de hasta 13 años de cárcel.

El proceso ha estado rodeado de controversia política, con el propio presidente del Gobierno siendo llamado a declarar como testigo y presentando una querella contra el juez Peinado por presunta prevaricación. La decisión de abrir juicio justo antes de su jubilación refleja la tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo, en un contexto en el que la justicia ha sido vista como un escenario de disputa política.

La vista oral, que aún no tiene fecha, será juzgada por un tribunal con jurado popular en Madrid. Se trata de un procedimiento que, en casos similares, ha suscitado debates sobre la independencia judicial y la influencia de los poderes políticos en la justicia. La composición del jurado incluirá ciudadanos seleccionados mediante sorteo público, siguiendo la normativa vigente.

A nivel político, esta causa evidencia las tensiones en torno a la transparencia y el uso de la justicia para investigar a figuras relacionadas con el Gobierno. La decisión de Peinado, en su último acto profesional, puede marcar un precedente en la percepción de la independencia judicial en casos de alta sensibilidad política, en un momento en que el sistema judicial se enfrenta a múltiples desafíos y críticas.

El futuro del proceso y su impacto en la agenda política dependerá de los resultados del juicio y de la percepción pública sobre la justicia en estos casos. La resolución del caso podría influir en la confianza en las instituciones judiciales y en la manera en que se abordan las investigaciones sobre la élite política en España.