El juez amplía un mes el secreto de la causa contra Leire Díez por presuntas irregularidades en la SEPI

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha prorrogado por un mes más el secreto de sumario en la investigación que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez. La causa se centra en presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La investigación, que inició en diciembre de 2025 tras la detención de Díez, también involucra al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso. La Guardia Civil sospecha que estos tres individuos habrían recibido al menos 700.000 euros en comisiones, en cinco operaciones distintas, mediante el uso de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.

Las pesquisas apuntan a la existencia del grupo 'Hirurok', dedicado a manipular expedientes administrativos para su beneficio personal o de terceros, aprovechando su influencia en la administración pública. La Unidad Central Operativa ha intervenido dispositivos electrónicos y material informático en el domicilio de Díez, en un operativo para recopilar pruebas.

Los abogados de Díez han solicitado la devolución de los dispositivos incautados y la eliminación del bloqueo en varias cuentas bancarias, argumentando que las investigaciones deben limitarse a hechos concretos. Además, han acusado a la Guardia Civil de alterar las contraseñas de los dispositivos tras el registro, una acusación que la defensa considera desproporcionada, dado que las autoridades han tenido acceso a la información mediante las claves proporcionadas.

Desde el punto de vista político, esta causa evidencia las tensiones internas en el ámbito del PSOE, donde las relaciones entre diferentes facciones y figuras públicas se ven afectadas por investigaciones judiciales de esta naturaleza. La causa también refleja la creciente preocupación por la integridad en la gestión de empresas públicas en un contexto de escrutinio público y político.

El avance de la investigación y la prolongación del secreto de sumario indican que las autoridades consideran que aún hay aspectos clave por esclarecer. La situación puede tener implicaciones duraderas en la percepción pública sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos y en la lucha contra la corrupción en el ámbito estatal.