El gobierno colombiano ordena operativo contra robo de 123.700 barriles mensuales de combustible
El gobierno colombiano ordena una operación para frenar el robo mensual de 123.700 barriles de combustible, afectando economía y seguridad.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha dispuesto una operación conjunta para desmantelar una red criminal que sustraía aproximadamente 123.700 barriles de combustible cada mes. La acción involucra a las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y Ecopetrol, ante la gravedad del delito y sus implicaciones económicas y sociales.
El robo se concentraba en un poliducto de 14 pulgadas que conecta Santa Marta con el interior del país, afectando principalmente a los departamentos de Cesar y Magdalena. La pérdida mensual, si se mantiene, superaría los 1,5 millones de barriles anuales, generando pérdidas superiores a 500.000 millones de pesos, unos 139 millones de euros, para Ecopetrol y el Estado.
Este delito no solo causa un impacto económico directo, sino que también alimenta actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico. Los combustibles sustraídos se utilizan en el procesamiento ilícito de cocaína y son transportados mediante caravanas de vehículos que cruzan regiones conflictivas como Catatumbo.
La situación refleja una problemática estructural en la seguridad y la gestión de recursos en Colombia. La criminalidad en el sector petrolero ha afectado operaciones clave, como el Oleoducto Trasandino y Caño Limón-Coveñas, debilitando la estabilidad del sector energético y la protección de infraestructuras estratégicas.
La decisión de De la Espriella responde a la necesidad de una respuesta integral, que incluya control territorial, investigación financiera y desmantelamiento de redes de protección. La perspectiva apunta a reducir las actividades criminales y proteger recursos nacionales, en un contexto de creciente inseguridad en zonas de alta conflictividad.
Este enfoque refleja también una voluntad política de fortalecer la seguridad energética y combatir las economías ilícitas que amenazan la estabilidad social y económica del país. La operación será un precedente en la lucha contra las redes criminales vinculadas a delitos económicos y de narcotráfico.