En una notable vuelta de los acontecimientos judiciales, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene la posibilidad de impugnar la condena que le ha sido impuesta por el Tribunal Supremo (TS). Este fallo, que conlleva una inhabilitación de dos años y una multa de aproximadamente 20.000 euros, abre la puerta a un incidente de nulidad, un recurso que rara vez tiene éxito, pero es un requisito previo para llevar el caso ante el Tribunal Constitucional (TC).

Si decide avanzar con esta opción, García Ortiz podría solicitar al TC que suspenda cautelarmente la aplicación de su sentencia, manteniendo así su posición mientras se lleva a cabo la revisión del caso.

La condena del TS no ha pasado desapercibida: se le han imputado dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por el delito de revelación de secretos, que afecta directamente a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, se le exige indemnizar a González Amador con 10.000 euros en concepto de daños morales.

El fallo del Tribunal no ha sido unánime. Lo apoyaron cinco magistrados, entre ellos figuras prominentes como Andrés Martínez Arrieta y Manuel Marchena, mientras que las juezas de inclinación progresista, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron un voto en disidencia. Es relevante señalar que Polo, quien había elaborado la ponencia de la sentencia, se vio en la necesidad de ceder el testigo a Martínez Arrieta debido a su desacuerdo con el fallo alcanzado.

Este juicio ha sido histórico, marcando la primera vez en que un fiscal general del Estado se encuentra bajo proceso judicial. La rapidez del Tribunal en emitir su fallo, solo una semana después de la conclusión del juicio, denota la seriedad del caso.

A pesar de que la decisión fue comunicada a las partes involucradas este jueves, su efecto se suspendrá hasta que la sentencia sea formalmente redactada y notificada, un proceso que aún no se ha completado.